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El Consell inicia el proceso para regularizar unas 20.000 viviendas ilegales en suelo rústico

(Última Hora, 3/07/2014)

Nekane Domblás. El Consell de Mallorca abre hoy la puerta a que los ayuntamientos legalicen las más 20.000 viviendas ilegales que se calcula hay en el campo mallorquín. La comisión informativa dará el visto bueno al inicio del proceso ya que se sumará a la «declaración de aplicabilidad» de esta facultad, incluida en la Ley del Suelo. El acuerdo será ratificado en el pleno de la próxima semana y abre 'de facto' el proceso de regularización de viviendas ilegales, al que aún no se había sumado la institución que preside Maria Salom.

A pesar de que es el Consell quien abre la puerta, son los ayuntamientos quienes tienen la llave de la aplicación de esta amnistía. El Consell habilita la posibilidad de que, en los próximos tres años, los municipios legalicen las viviendas construidas en suelo rústico sin permiso.

No lo podrán hacer todas las que se hayan construido durante estos años ya que la norma aprobada por el Govern determina que solo podrán acogerse a la amnistía aquellas obras ilegales que hayan prescrito. Es decir, en suelo rústico común, en el que se necesita un mínimo de 14.000 metros cuadrados para edificar un vivienda, las obras deberán tener un mínimo de diez años de antigüedad [Nota de Disúrbia: això no és correcte, han de ser 8 anys des del total acabament de les obres].

LEN

En aquellas obras ilegales realizadas en zonas de especial protección paisajística, habrá que remontarse hasta el año 1991, fecha de aprobación de la Ley de Espacios Naturales, para poder legalizar las construcciones hechas sin permisos.

Los ciudadanos deberán presentar su proyecto de legalización con una valoración de las obras hechas sin licencia. La ley establece que los infractores deberán pagar una multa del 15 por ciento del valor de la obra hecha sin permiso. La sanción sube al 20 por ciento si la legalización se hace en el segundo año, mientras que, si se espera hasta el tercer año, la sanción será del 30 por ciento del valor de la obra ilegal.

Este trámite será, tal vez, el más complicado de todos los que prevé el mecanismo ya que la valoración que realicen los ciudadanos debe ser confirmada por un técnico. Por lo tanto, el ayuntamiento respectivo deberá certificar que la valoración del propietario es correcta.

Es muy probable que la inmensa mayoría de las legalizaciones se realicen durante el primer año del proceso, ya que la sanción es más baja, pero tanto en el Govern como en el Consell tienen dudas sobre si el proceso será masivo o si serán pocos quienes se avengan a pagar una multa por un delito que ya ha prescrito. En cualquier caso, el proceso servirá para hacer un cálculo más certero del número de viviendas construidas ilegalmente en suelo rústico en los últimos años.

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