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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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La sentencia contra la ´ley Company´ evitaría dos urbanizaciones en Ibiza, según el PSOE

(Diario de Ibiza, 21/06/2014)

Los casos de Benirràs y Punta Pedrera serían idénticos a los de es Guix (Mallorca), proyecto tumbado por el TSJB

j. ll. ferrer / e. rodríguez | ibiza. ­La sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que considera ilegal la regularización, mediante la ´ley Company´, de urbanizaciones construidas sin licencia y, específicamente, la promovida en es Guix (Mallorca), provocaría también la anulación de varios proyectos de idénticas características en la isla de Ibiza, según afirmó ayer el diputado del PSOE en el Parlament Joan Bonet. A su juicio, los proyectos de Benirràs y Punta Pedrera, entre otros, serían también inviables a tenor de los criterios sostenidos por el tribunal balear, puesto que ambos se encuentran en las mismas circunstancias que la urbanización de es Guix.

Boned recordó que el TSJB ha tumbado la pretensión del Ayuntamiento de Escorca de legalizar ese proyecto utilizando la ´ley Company´, que pasa a considerar suelo urbano cualquier terreno que tenga algunos –pero no todos– de los servicios e infraestructuras que la Ley del Suelo estatal exige. El tribunal afirma que «no se puede hacer urbanismo a la carta» y que la citada ley autonómica debe respetar la legislación básica del Estado, pues de lo contrario incurriría en inconstitucionalidad.

Joan Boned afirmó que la sentencia «puede provocar que se revisen propuestas de recuperación de suelos desprotegidos por el PP, como es el caso de Benirràs y Punta Pedrera», este último en la costa de Sant Josep.

Tanto en un caso como en otro «se trata de terrenos que estaban protegidos y se han recuperado como suelo urbano», recordó. En cambio, en Benirràs solo hay «algunas casas, unas cuantas farolas, algún vial y dos casetas de electricidad, pero no tienen todas las calles, aceras, alumbrado y todos los demás servicios necesarios para que se cumplan todos los parámetros que exige la ley». En parecida situación se encuentra Punta Pedrera: «De la urbanización prevista solo hay un camino y media acera, y con esto pretenden hacer creer que toda la urbanización está hecha», señaló el parlamentario.

Precisamente, la sentencia recuerda que la ley estatal «no permite sin más legalizar los asentamientos que hubieran sido ilegalmente implantados», como sucede cuando no se han construido todas y cada una de las infraestructuras urbanas exigidas.

Los socialistas, en cambio, admiten la posibilidad de legalizar los núcleos surgidos en suelo rústico común «pero con criterios limitativos, no expansivos, como prevé el Govern», es decir, que puedan ser regularizados sin contemplar ampliaciones de los mismos.

Por su parte, el conseller insular de Urbanismo, Mariano Juan, afirmó ayer al ser preguntado sobre la sentencia que aún desconoce su alcance.
«Esto era una cosa que llevábamos en nuestro programa electoral. Otra cosa es cómo se tenga que hacer. Nosotros no dijimos que se tuvieran que clasificar como suelo urbano. Dijimos que se pusieran como núcleos rurales, que era lo que llevábamos en programa. Luego, en la ley se puso como urbano», afirmó refiriéndose a los núcleos edificados en el campo sin las licencias correspondientes.

También recordó que está previsto que sean los particulares los que asuman los gastos de mantenimiento de estos núcleos. «Sólo faltaría que lo hiciera el ayuntamiento», comentó.

También dijo ignorar «cómo acabará esto» y si esta sentencia crea jurisprudencia aplicable al conjunto de casos.

Legalización de 35 núcleos sin licencias

j. ll. f. | ibiza. Los ayuntamientos de Sant Antoni y Sant Josep están tramitando, apoyándose en la ´ley Company´, la legalización de 35 núcleos urbanos surgidos sin licencia en suelo rústico, que no disponen de servicios básicos y a los que, pese a todo ello, se les permite crecer un 30% más. En el caso de Sant Antoni se contempla la legalización de 18 de estos suelos, mientras que en Sant Josep son 17. Aunque la ley autonómica no obliga a regularizar estas infracciones, estos dos municipios han optado por aprovechar esta posibilidad. La oposición ha reaccionado indignada y afirma que esta decisión consagra un «urbanismo tercermundista» al permitir crecer sin infraestructuras.

 

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