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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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El Ayuntamiento de Alaró calcula que el derribo del Fantasio costará 600.000 euros

(Diario de Mallorca, 12/06/2014)

El grupo municipal del PSM se plantea presentar una reclamación judicial para que paguen los responsables políticos con su patrimonio

Derribar el edificio de 14 viviendas contruido en el solar del antiguo cine Fantasio costaría al Ayuntamiento 600.000 euros, según cálculos que maneja el equipo de gobierno del PP. Esta demolición debería ejecutarse en cumplimiento de dos autos del juzgado contencioso administrativo que consideran probado que el edificio invade el vial público y ordenan el derribo al entender que la obra se realizó con una licencia contraria a la normativa urbanística municipal.

En el último pleno se aprobó la presentación de un nuevo recurso ante el juez para evitar la ejecución inmediata de la sentencia. Según el equipo de gobierno, la resolución judicial es de imposible cumplimiento puesto que la demolición causaría más perjuicios que la situación actual. Argumentan que la ilegalidad en la que incurre la finca de pisos no supone que las viviendas sean más grandes, ni se está perjudicando a un tercero, ni se ha visto afectada la circulación de vehículos a causa de la invasión de la calle. Además, alegan que, según un informe de la arquitecta municipal, la demolición costaría 600.000 euros.

El alcalde, Joan Simonet, explicó ayer que, de momento, los plazos de ejecución de la sentencia se han paralizado hasta que se resuelva un recurso anterior que presentó el Consistorio. Esto supone que queda en suspenso la orden del juez que fijaba dos meses para que se hiciera efectivo el derribo y que incluía la posibilidad de sancionar a los ediles responsables con 700 euros mensuales.

Por su parte, el portavoz del PSM, Mateu Marcús, ha manifestado que, "si finalmente el Ayuntamiento es condenado y debe pagar los 600.000 euros que cuesta el derribo del edificio, estudiaremos emprender acciones legales para que asuman esta cantidad los responsables políticos que tomaron las decisiones". Marcús asegura que es absurdo que todo el pueblo deba pagar una nueva indemnización millonaria.

El PSM denuncia que la pasividad municipal es la que ha provocado la situación actual, puesto que en 2010, al conocer la primera sentencia, se podría haber modificado la normativa urbanística para legalizar el edificio.

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