(Diario de Ibiza, 3/06/2014)

El pleno acuerda iniciar el proceso que permite regularizar las casas construidas al margen de la ley

j. ll. ferrer | ibiza. El pleno del Consell de Ibiza aprobó ayer una moción elaborada conjuntamente entre los dos grupos (PP y PSOE-Pacte) en la que se insta a todas las administraciones con competencias en Tagomago a «hacer cumplir la legalidad vigente, paralizar de manera inmediata todas aquellas actividades fuera de la ley que actualmente se practican allí y hacer restablecer a su estado original la isla, eliminando todas aquellas construcciones e instalaciones, fijas o temporales, que se hayan desarrollado sin la correspondiente autorización».

Este es el principal y más relevante punto acordado por el Consell en el pleno de ayer, pero también se insta al Govern balear «a elaborar un plan de gestión para establecer las medidas necesarias para mantener los hábitats y espacios de interés comunitario en un estado de conservación favorable y declarar la Zona de Especial Conservación (ZEC)» a que obliga la ley estatal 42/2007.

Posible figura adicional

No descarta el Consell dotar al islote de alguna figura de protección adicional, ya que el sexto punto de su acuerdo afirma textualmente: «El Consell se compromete a convocar las reuniones necesarias con sus técnicos y analizar la posibilidad de solicitar alguna otra medida de protección, si se considera necesaria para mejorar las existentes, así como estudiar los trámites necesarios para constituir la figura de Reserva Natural». El PSOE-Pacte había solicitado precisamente la declaración de Tagomago como Reserva Natural, pero finalmente retiró esta moción tras pactar la que se aprobó conjuntamente con el PP.

El Consell, asimismo, reclama a la Demarcación de Costas y a la conselleria de Medio Ambiente «que hagan uso de sus competencias para aumentar el control y vigilancia sobre la correcta protección y gestión de la isla». Al propio tiempo, pide al resto de administraciones competentes que «informen de todos los expedientes y proyectos previstos para la zona, con sus correspondientes informes, para tener puntual y completa información sobre los mismos».

Por otra parte, en la sesión de ayer fue aprobado el acuerdo que permite aplicar en el ámbito de la isla de Ibiza la amnistía urbanística decretada para las construcciones ilegales construidas en suelo rústico y que no tuvieran abierto un expediente sancionador. Esta previsión, contemplada en la Ley del Suelo de Balears, reprodujo las críticas recibidas por el PP a consecuencia de esta controvertida decisión.

«Efecto llamada»

La consellera del PSOE-Pacte Pepa Marí Ribas lamentó el «efecto llamada» que tendrá esta medida, puesto que, según dijo, animará a más gente a construir de forma ilegal con la esperanza de que futuras amnistías como esta les regularicen sus infracciones. «Todos los que se han saltado la ley a la torera se salen con la suya, pagando unas cantidades que no tienen nada que ver con lo que pagarían en condiciones legales», afirmó Marí.

También señaló que esta legalización masiva supone «un agravio comparativo» para los ciudadanos que siguen los trámites legalmente establecidos.

El conseller insular de Urbanismo, Mariano Juan, recordó que este proceso de regularización no afecta a los casos en que hay un expediente sancionador en marcha y dijo que servirá para que casas construidas hace «cuarenta o cincuenta años puedan dar lugar a segregaciones o donaciones». También afirmó que «la ley prevé un férreo control de la disciplina urbanística e incluso incrementa el control actual, porque el Consell podrá abrir expedientes directamente, cosa que ahora no sucede». [Nota de Disúrbia: això no és així, s'haurien de llegir la Llei...]

No consideró Mariano Juan que «se trate de un privilegio para los infractores», porque, según señaló, los beneficiarios deberán abonar unas cantidades económicas para regularizar las viviendas. La oposición lamentó que, aparte de casas, se puedan legalizar otras construcciones.

Una pista en sa Coma para el helicóptero del Ibanat

El pleno aprobó la firma de un convenio para la concesión demanial de varios edificios de sa Coma al Institut Balear de la Natura (Ibanat) para la instalación de un centro de operaciones forestales en Ibiza, así como para la habilitación de un helipuerto de 40 metros de diámetro para facilitar las labores de extinción de incendios forestales en las Pitiüses. También se crearán zonas para el aparcamiento de vehículos y para alojar a brigadistas y pilotos. El acuerdo se aprobó por unanimidad, pero el grupo del PSOE-Pacte lamentó que se haya tardado un año, desde que el Ibanat presentó su petición, en materializar el acuerdo. El equipo de gobierno admitió la demora pero negó que fuera responsabilidad suya. Los progresistas reclamaron un plan de usos para sa Coma, para evitar actuar «trocito a trocito» y aprovecharon para afirmar que esta medida demuestra que los planes del anterior Consell sobre sa Coma eran correctos.