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El Consell busca con los ayuntamientos una solución «conjunta» para legalizar los ‘hortals’

(Menorca, 1/06/2014)

Confía en que desde julio, una vez el pleno dé el visto bueno, los municipios puedan regular las construcciones ilegales en rústico que no estén en una ANEI y cuyas infracciones hayan prescrito

Jordi González. El Consell negocia con los ayuntamientos de la Isla los criterios que permitan legalizar las edificaciones irregulares construidas en suelo rústico, en aplicación de la nueva Ley del Suelo, aprobada por el Parlament balear. La intención de la consellera de Ordenación del Territorio, Marta Vidal es establecer «un criterio conjunto» para que los municipios puedan legalizar estas construcciones, «sin que existan diferencias de criterio entre poblaciones».

El Consell, tal y como establece la Ley del Suelo, tiene que dar luz verde  a que se pueda aplicar la disposición transitoria de la Ley del Suelo en Menorca. Una vez se haya aprobado, los municipios podrán iniciar la legalización tanto de los núcleos rurales como de las edificaciones aisladas en suelo rústico que se hayan construido ilegalmente, siempre y cuando éstas no estén en Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI) y la infracción esté prescrita.

El pasado viernes representantes del Consell y de los ayuntamientos mantuvieron una primera reunión para empezar a resolver las principales dudas entorno a la Ley, como  qué edificaciones se pueden legalizar, con qué criterios se deben regir las futuras legalizaciones o cómo se deben regular los núcleos rurales.

Las reuniones continuarán el próximo viernes, con un encuentro técnico en el que están citados los juristas de las distintas corporaciones. A mediados de junio se celebrará otra reunión entre políticos y técnicos para acabar de definir los criterios a seguir para legalizar las construcciones ilegales. Asimismo la conselleria de Ordenación del Territorio también se reunirá con los representantes de la demarcación menorquina del Colegio de Arquitectos para informarles de estos cambios y escuchar sus peticiones. El objetivo del Consell es que la propuesta vaya a pleno en el mes de julio.
 
Vidal asegura que además de consensuar un criterio conjunto con los ayuntamientos también está en contacto con el Consell de Mallorca, que también trabaja  en esta cuestión, para aprovechar sinergías y «hacer un análisis común» de la situación.

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