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El juez fija multas de 700 euros al mes al alcalde de Alaró si no derriba el edificio

(Diario de Mallorca, 2/04/2014)

El Ayuntamiento recibe un nuevo auto judicial que ordena que se restituya el solar a la situación anterior a la concesión de la licencia

Bartomeu Noguera. Alaró. Cinco días después de que el juzgado contencioso-administrativo 2 de Palma ordenara la demolición de la parte del edificio de viviendas del viejo cine Fantasio que invade el vial público, un nuevo auto, esta vez del juzgado número 1, ha comunicado al Ayuntamiento que se anula la concesión de la licencia al promotor y que, por tanto, debe ejecutar la demolición de las obras incluidas en el citado proyecto. Esta segunda resolución judicial reitera el plazo de dos meses para hacer cumplir la sentencia y especifica que se impondrán multas coercitivas al alcalde, Joan Simonet (PP), de 700 euros mensuales hasta el total cumplimiento de la orden.

El primer auto -de 12 de marzo- hacía referencia tan solo a la demolición de los 11,70 metros cuadrados que el edificio ocupa del espacio público, en cambio, esta segunda resolución -de 17 de marzo-, se centra en pedir la ejecución inmediata de otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia que decretó la anulación del acuerdo de la junta de gobierno local de 2006 en la que se concedió a la promotora Construcciones Alaró S.L. licencia de modificación del proyecto de obras. En este caso, la juez de lo contencioso-administrativo Sara Oliver Zamora, insta al Ayuntamiento a legalizar la situación para reponer el solar al estado anterior a la licencia.

Estos dos autos confirman y ordenan el cumplimiento inmediato de dos sentencias del TSJB de abril y noviembre de 2010 que el denunciante, Antonio Parrilla, y su letrado, Federico Morote, habían solicitado que se ejecutaran tras haber transcurrido cuatro años desde la resolución. Ahora, el Consistorio deberá informar al juez de cada una de las actuaciones que lleve a cabo durante las próximas semanas y, además, también deberá designar una persona -"autoridad y/o empleado público", según el auto- responsable de dar cumplimiento a la orden. Si en diez días no se comunica la designación se entenderá que el encargado es el alcalde.

Simonet aseguró ayer que desconocía la existencia de este segundo auto. Además, negó las acusaciones de que el Consistorio se ha gastado 70.000 euros en el caso: "De momento, tan solo hemos pagado 8.000 euros, porque hemos recurrido las sentencias".

Reunión de los vecinos con el alcalde

El pasado lunes se reunieron en la sala de plenos del ayuntamiento los vecinos del edificio con el alcalde, miembros de la oposición, el abogado municipal y representantes de la promotora. Durante el encuentro los propietarios de viviendas expresaron su inquietud y algunos de ellos se quejaron de que nadie les hubiera informado antes del problema. El alcalde, Joan Simonet, quiso tranquilizar a los presentes afirmando que "todos estamos en el mismo barco porque todos queremos que no se derribe el edificio", y a continuación ofreció asesoramiento legal si los afectados deciden unirse. Simonet asegura que la reunión fue muy tranquila y sin ninguna tensión.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Aina Munar, también presente en la sala, considera que "es el momento de hacer piña con los vecinos, que son los perjudicados, por lo que no entendemos la actitud del alcalde". Según Munar, "para Simonet todo el problema está en cómo se concedió la licencia en 2006, pero no quiere hablar de que él es el responsable de que no se pararan las obras al principio, en 2002".

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