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Sant Lluis: la denunciante del Hotel Xaloc afirma que era posible una solución negociada

(Menorca, 28/01/2014)

La ciudadana que denunció el exceso en los apartamentos de Punta Prima asegura que la actual situación se habría evitado si hubiera podido vender unos terrenos que ella reclama como suyos

Llorenç Allès. La sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ayuntamiento de Sant Lluís a demoler 18 apartamentos del complejo Hotel Xaloc  podría haberse evitado. Así lo entiende Ana Maria Alsina Pons, la mujer que interpuso la denuncia inicial en el año 1999 que quince años después ha desembocado en la decisión judicial que pone en jaque al Consistorio santlluïser. [Nota de Disúrbia: realment res d'això afecta al fet que s'hagi atorgat aquí una llicència il·legal?]

Alsina asegura que lo que ha acabado en los tribunales podría haberse solucionado en un despacho. Así, añade que la clave de este proceso es una franja de 5 metros de anchura existente frente a los apartamentos. Alsina entiende que esa franja es de su propiedad, mientras que el Ayuntamiento de Sant Lluís, apunta Alsina, se apropió del terreno y lo convirtió en zona verde. La controversia sobre la propiedad de estos terrenos está en manos de otro tribunal, pero de haberse mantenido esta porción de tierra en manos de Alsina, ésta explica que la solución al conflicto hubiera sido muy simple.

Así, la denunciante apunta que los propietarios del Hotel Xaloc se interesaron por comprarle los terrenos. Si así hubiera sucedido, y esa parcela no se hubiera convertido en zona verde, ya no habría problemas de distancias ni de retranqueos. «Yo quise llegar a un acuerdo, les hubiera vendido el terreno, pero no pude hacerlo porque el Ayuntamiento dijo que eran suyos», explica Alsina.

La imposibilidad de este acuerdo motivó la continuación del proceso judicial, y la actual situación para el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Lluís. «Yo no voy en contra del Consistorio ni de los propietarios del hotel, solamente defiendo lo que es mío, y llevo quince años luchando por ello», concluye Ana Maria Alsina Pons.

Ahora, el Ayuntamiento está esperando a que el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) le marque los plazos y la forma de ejecutar la sentencia. A la vez, el equipo de gobierno estudia la manera de poder reconstruir los apartamentos que deberá derruir para evitar el pago de la indemnización.

Y todo esto mientras otro tribunal aún debe determinar si la franja de terreno que ha motivado todo este conflicto es efectivamente propiedad de la denunciante (que sostiene que lo heredó de su padre, el promotor de Punta Prima), o si por lo contrario pertenece al Ayuntamiento de Sant Lluís.

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