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El fiscal aprecia también prevaricación en el aparejador de Sant Antoni por el caso Cretu

(Diario de Ibiza, 23/11/2013)

Se mantiene la petición de tres años de prisión para Martí Miralles y penas de inhabilitación y multas para el resto

joan lluís ferrer | palma. El fiscal del caso Cretu mantuvo ayer, en la última jornada del juicio seguido en la Audiencia Provincial en Palma de Mallorca, las peticiones de pena que había solicitado inicialmente para todos los acusados, aunque en el caso del aparejador municipal de Sant Antoni, Miguel Ángel Martí Miralles, añadió el delito de prevaricación urbanística al de falsedad documental. En concreto, ahora se le acusa de un delito de falsedad cometido por funcionario público en concurso con el delito de prevaricación. Sin embargo, esta modificación no altera la pena solicitada para él, que siguen siendo de tres años de prisión, multa de 21.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante tres años.

Se trata de la pena más elevada de las que el Ministerio Público solicita para los procesados, puesto que para el exalcalde, Antonio Marí Tur, y para la exconcejala de Urbanismo, Blanca Castiella, se mantiene la petición de 33.600 euros con inhabilitación especial para empleo o cargo público de siete años a cada uno, como presuntos autores de un delito de prevaricación urbanística. Para el arquitecto de la obra, Josep Torres, y para el promotor, Michael Cretu, se piden ocho meses de prisión y multa de 31.500 euros, además de un año de inhabilitación profesional por un delito contra la ordenación del territorio.

La acusación popular, ejercida por los ecologistas del GEN, secundó la petición del fiscal, aunque pidió que las penas por estos delitos se apliquen en su grado máximo y, además, los cinco acusados indemnicen al Ayuntamiento de Sant Antoni por los gastos de demolición y costas procesales. El abogado del GEN, Eduard Clavell, intentó introducir también el delito contra el Medio Ambiente, pero ello fue rechazado por el presidente de la sala.

En el juicio, que ha quedado visto para sentencia, los abogados defensores de los acusados pidieron la libre absolución de sus patrocinados.

El fiscal afirmó en su alegato final que el Ayuntamiento de Sant Antoni tenía la obligación de verificar si el proyecto cumplía la ley, y ello al margen de los informes que pudieran pedir a otras administraciones. En todo caso, los dictámenes que pidió al Consell se centraban, recordó, en aspectos muy concretos, como era la determinación del volumen máximo y la distancia que la casa debía mantener respecto a núcleos urbanos. Sin embargo, como resaltó luego la acusación popular, no hacían referencia a la legalidad de emplazarse en la cima de la montaña, uno de los principales motivos por los que la casa infringía la ley.

Además, el fiscal recordó que ni el alcalde, ni la concejala ni el aparejador municipal podían alegar ignorancia de la ley –que impedía autorizar la vivienda–, puesto que el primero era aparejador de profesión, la segunda arquitecta y el tercero, aparejador también. «El conocimiento de los hechos y de las leyes era claro y pese a ello siguieron adelante y aprobaron la licencia», afirmó el representante del ministerio público.

Sobre Cretu añadió que «hizo obras no permitidas ni autorizadas» y de su arquitecto, Josep Torres, señaló que «dejó la edificación preparada de modo que después permitiera fácilmente la ampliación de la superficie construida, mediante el cerramiento de dependencias que hasta entonces estaban abiertas".

El letrado del GEN recordó que, al margen del daño ambiental y el exceso de construcción, se pretendía la construcción de un estudio de grabación que, como actividad comercial, precisaba de una declaración de Interés General por parte del Consell que nunca se solicitó siquiera. También señaló que ya en las fotografías realizadas por el aparejador municipal se observaba un considerable exceso de volumen, pese a lo cual este técnico nunca informó en contra.

Clavell destacó el daño ambiental causado y recordó que en el caso Andratx recayó condena sobre el alcalde por una casa de 170 metros cuadrados en un entorno degradado, «pero aquí estamos hablando de casi 3.000 metros cuadrados de superficie en paraje de máxima belleza».

Un exceso de 1.864 m2 sin padre ni madre
Todos los acusados se desentienden de la ilegalidad y acaban achacándola a dos misteriosos alemanes

j. ll. f. | palma ­La última sesión del juicio por el caso Cretu ofreció la habitual descarga de responsabilidades de un acusado a otro en orden jerárquico descendente. Los políticos se escudaron en los informes del aparejador municipal, el arquitecto de la obra aseguró que no fue culpa suya que Michael Cretu aprovechara unas pérgolas y unos sótanos para ampliar irregularmente la zona habitable y, finalmente, el abogado de Cretu aseguró que su cliente no visitó las obras jamás y que en realidad estas eran controladas por dos decoradores alemanes, aunque en otro momento fueron definidos como «ingenieros». El propio presidente del tribunal se extrañó de que la defensa de Cretu no hubiera llamado a declarar a estos dos alemanes en ningún momento.

El letrado de Cretu afirmó que su cliente no podía ser conocedor de todas las leyes y normas que afectan a la vivienda, «máxime con la complejidad que tienen las normativas» sobre la materia. «Él es extranjero y hace lo que los profesionales le dicen». Las ampliaciones realizadas por el músico rumano fueron definidas por su abogado como «espacios necesarios e imprescindibles para desarrollar la obra».

El representante de Marí Tur y Blanca Castiella volvió a establecer paralelismos entre el caso Cretu y el caso de la condena a los políticos de Formentera que denegaron la licencia al cámping de es Ca Marí, en los años 90. Según su tesis, si Marí Tur hubiera denegado la licencia, se habría enfrentado también a un proceso por ese motivo. Sin embargo, la acusación particular le recordó que en el caso de Formentera el proyecto denegado había sido declarado de Interés General, cosa que no sucedió en el caso de Santa Agnès.

Al hacer uso de la palabra ante el tribunal, Antonio Marí Tur volvió a afirmar que «todo se hizo con el convencimiento de que era legal» y se preguntó «qué más tendría que haber hecho para saber que nos ajustábamos a la ley».

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