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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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El 90% de las casas ilegales de la Isla nunca han sido sancionadas

(Última Hora, 14/11/2013)

Desde el año 1993 se han abierto 3.094 expedientes de las más de 30.000 casas que se estima no tienen licencia

Nekane Domblás. El Consell de Mallorca ha abierto un total de 3.094 expedientes por urbanismo ilegal en los últimos 20 años. Desde el año 1993, en el que se incoaron tan solo 57 expedientes, hasta el año pasado, en el que se abrieron un total de 258 procedimientos disciplinarios, la media anual ha sido de 154 expedientes, es decir, poco más de diez al mes, cuando los cálculos que maneja el propio Consell apuntan a que en suelo mallorquín hay más de 30.000 viviendas construidas o ampliadas sin ningún tipo de licencia.

Algunos de estos expedientes han servido para legalizar las obras, pero son pocos los que han acabado en una orden de demolición, como sucedió en Llucalcari, donde las casas cayeron tras una resolución judicial, o como sucedió con la ampliación ilegal de su vivienda que llevó a cabo el tenista Boris Becker.

Vista gorda

Basta con darse una vuelta por el campo mallorquín para comprobar la proliferación de viviendas construidas sin respetar la legislación vigente. En la mayor parte de los casos consiste en ampliaciones de construcciones previas, como casetas de aperos o almacenes agrícolas, que terminan convirtiéndose en viviendas con todos sus servicios. Otra de las infracciones habituales es construir una vivienda sin respetar los metros mínimos exigidos en las parcelas sobre las que las instituciones han hecho la vista gorda. En estos momentos, en suelo rústico común la parcela mínima para poder construir una vivienda es de 14.000 metros cuadrados. El Govern prepara ahora una amnistía sobre todas estas viviendas construidas sin licencia o levantadas gracias a una autorización para realizar otro tipo de obra. La herramienta es la ley de suelo rústico, que ya está en fase de tramitación parlamentaria.

Contradicción

La contradicción de esta ley es que permitirá legalizar todas las viviendas construidas ilegalmente excepto aquellas sobre las que pese un expediente de disciplina urbanística. La mayor parte de los expedientes que se han abierto durante todos estos años ya han concluido, bien sea con la demolición de la obra, bien sea con la legalización parcial, lo que significa que la amnistía que prepara el departamento que dirige Gabriel Company beneficiará a más del 90 por ciento de las construcciones levantadas de forma ilegal en la Isla.

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