(Diario de Mallorca, 18/09/2013)

El auto recuerda que el Ayuntamiento tiene la "autoridad y potestad suficientes" para ejecutar la demolición - Se impondrán multas coercitivas si no se respetan los plazos La decisión es consecuencia de un recurso del GOB en 2006

I. Moure. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Palma ha dictado un auto en el que insta al ayuntamiento de Andratx a que, en un plazo "improrrogable" de dos meses, adopte las medidas "tendentes a hacer efectiva la demolición" de un complejo ilegal formado por 24 viviendas, con aparcamientos y piscina en la urbanización de Cala Llamp.

En la resolución, el juez esgrime la posibilidad de imponer multas a las autoridades municipales en el caso de que incumplan el requerimiento judicial, una situación que se ha dado en otros casos de irregularidades urbanísticas en la isla.

El origen del actual escenario legal se remonta a julio del año 2005, cuando el Ayuntamiento andritxol concedió licencia para la construcción de estos edificios. En 2006, la organización ecologista GOB presentó un recurso al entender que implicaba la construcción en una zona rústica, y por tanto no edificable.

Al mismo tiempo, alegó que se trataba de un tipo de edificación no permitido en aquel entonces en el Plan de Ordenación de la Oferta Turística (POOT). Sucesivas sentencias judiciales, en 2009 y en 2011, dieron la razón al GOB y establecieron la obligación de restaurar el orden infringido y de proceder al derribo.

En este sentido, el auto recuerda que "las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en éstas se consignen", al tiempo que constata que, "efectivamente, no se ha procedido a dar cumplimiento al fallo, que establece que debe procederse a la demolición de lo construido". En su argumentación, el magistrado subraya que el Consistorio está "obligado a restaurar el orden urbanístico infringido". Sin embargo, agrega, la administración municipal "no ha realizado actividad alguna tendente a ello" a excepción de requerir a la promotora para que legalizase las obras y de ordenar a esta compañía que realizase la demolición. Para el juez, esto no supone una justificación, ya que, arguye, "la corporación municipal tiene autoridad y potestad suficiente para practicar" el derribo. Tras recordar el agravante que supone el no haber sido informado sobre el cumplimiento de la sentencia "una vez transcurridos los siete meses concedidos por el Ayuntamiento", el magistrado establece un plazo "improrrogable" de dos meses para hacerla efectiva.

En el capítulo de reacciones, la organización ecologista GOB destacó ayer que la justicia "reacciona una vez más de manera contundente ante el intento de dilatar la ejecución de sentencias de demolición por parte de los ayuntamientos".

El GOB remarcó asimismo las "similitudes" de este caso con el de ses Covetes (Campos). "Al igual que en el caso de Andratx, se trataba de unos terrenos no clasificados como urbanos en el momento de concesión de la licencia", recordó la entidad, que señaló que el ayuntamiento de Campos intentó dilatar también la ejecución de la sentencia.

Una cascada de derribos en Andratx

Después de conocer el auto judicial, el alcalde de Andratx, Llorenç Suau (PP), aseguró ayer que el Consistorio interpreta que ese periodo de dos meses que fija el juez no significa que en ese periodo tenga que estar ejecutado el derribo, sino que es un margen para iniciar los trámites oportunos encaminados a la demolición, tales como preparar las bases de la licitación de esta operación. En cualquier caso, manifestó que los servicios jurídicos municipales están estudiando si existe la posibilidad de presentar algún tipo de apelación.

El alcalde andritxol se mostró muy vehemente a la hora de describir la situación a la que se enfrenta la corporación municipal, con varios mandatos judiciales de derribos pendientes. "Si esto sigue así, tendremos que entregar las llaves del Ayuntamiento. No podemos hacer frente a todas estas demoliciones", manifestó Llorenç Suau.

Suau recordó que el Consistorio tiene que afrontar este año el derribo del edificio Müller, cuya ejecución ha salido a concurso por un importe de 600.000 euros. También debe enfrentarse a la demolición de un complejo en Monport, si bien en este último caso la sentencia aún no es firme, según apuntó.