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Pollença: el juez decidirá el día 17 si mantiene la multa coercitiva impuesta al alcalde

(Diario de Mallorca, 8/09/2013)

El Ayuntamiento ya ha adjudicado a una empresa la demolición de la vivienda ilegal del Calvari

J. Frau. El juez que instruye la causa relativa al proceso de demolición de una vivienda ilegal en el Calvari de Pollença ha citado a todas las partes en conflicto el próximo día 17 de septiembre para determinar las condiciones del derribo y decidir si mantiene la multa coercitiva impuesta al alcalde Tomeu Cifre (PP) o bien la retira en el caso de considerar que el Ayuntamiento está llevando a cabo los pasos necesarios para cumplir la sentencia judicial.

El pasado mes de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) emitió un auto mediante el que imponía al popular Tomeu Cifre una multa coercitiva de cien euros a repetir cada diez días hasta la "total ejecución" de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al ayuntamiento de Pollença a derribar parte de una vivienda situada en la parte alta del Calvari de la localidad del Nord.

El alcalde explicó a este diario que el Consistorio ya ha adjudicado los trabajos de demolición a una empresa constructora y añadió que todavía no se ha llevado a cabo debido a que la normativa municipal impide la ejecución de obras molestas durante la temporada estival. Por este motivo, el derribo de parte de la vivienda ilegal no puede hacerse efectivo, en ningún caso, antes del próximo día 15 de septiembre. El proyecto de demolición de la vivienda del Calvari costará unos 40.000 euros al Ayuntamiento.

Otro problema al que se enfrenta el Ayuntamiento es que la vivienda que ha sido considerada ilegal por los tribunales está habitada por los propietarios, por lo que los trabajos de derribo no podrán iniciarse antes del desalojo. "Seguramente tendremos que pedir al juez que obligue a los propietarios a abandonar el edificio para que el Ayuntamiento pueda proceder a cumplir con la sentencia judicial", apunta el alcalde Cifre.

El caso judicial se remonta al año 1992, cuando el ayuntamiento de Pollença concedió licencia de construcción a la vivienda en la parte alta del Calvari. El permiso municipal fue recurrido por un vecino y una sentencia del TSJB anulaba un año más tarde la resolución municipal. A partir de entonces se inició una batalla judicial entre el Ayuntamiento y la propiedad de la vivienda, por una parte, y los denunciantes, por la otra, que culminó en una sentencia del Tribunal Supremo que daba la razón al denunciante y obligaba al Consistorio ´pollencí´ a derribar la construcción basándose en un artículo de la Ley del Suelo que obliga a respetar las panorámicas singulares que se observan desde las zonas que tienen la categoría de Centro Histórico, como es el caso del Calvari de Pollença.

La multa coercitiva impuesta al alcalde Cifre se debe al retraso que, según el juez, acumula el Ayuntamiento a la hora de ejecutar la sentencia, dictada en el año 1993 y firme desde el mes de octubre de 1999. Desde entonces, la institución municipal ha ido demorando el derribo por diversas causas.

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