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Pollença: condenan a Cifre a pagar 100 euros al día hasta que derribe una casa ilegal en el Calvari

(Diario de Mallorca, 17/07/2013)

El Ayuntamiento concedió la licencia en 1992, pero el Tribunal Supremo ordenó la demolición porque la vivienda alteró las vistas desde el monte

J. Frau. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha emitido un auto mediante el que impone una multa coercitiva de cien euros cada diez días al alcalde de Pollença, Tomeu Cifre (PP), hasta la "total ejecución" de una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a derribar una vivienda situada en el Calvari de Pollença. El fallo judicial es firme desde el 20 de octubre de 1999.

El caso se remonta al 1992, cuando el ayuntamiento de Pollença concedió licencia de construcción a la vivienda en la parte alta del Calvari. La licencia fue recurrida por un vecino. El TSJB anuló un año más tarde la autorización municipal.

Tras una serie de recursos presentados por la propiedad y el Ayuntamiento, por una parte, y la parte denunciante, por la otra, finalmente el Tribunal Supremo falló a favor de los denunciantes. El alto tribunal obligó al ayuntamiento a derribar la construcción en base a un artículo de la Ley del Suelo que obliga a respetar las vistas panorámicas singulares que se observan desde las zonas con categoría de centro histórico.

Una providencia de diciembre de 2012 ordenaba al ayuntamiento de Pollença a finalizar las obras de demolición el pasado 1 de julio. Sin embargo, el 31 de mayo de este año, los denunciantes manifestaron que el consistorio incumplía la sentencia de derribo y que las obras de demolición no habían sido iniciadas el 1 de mayo de 2013, tal y como obligaba la providencia de diciembre de 2012.

Entonces, el TSJB dio el pasado 4 de junio un plazo de tres días al ayuntamiento para que facilitara el nombre de la autoridad responsable del cumplimiento de la sentencia, pero el consistorio no se pronunció. El 14 de junio, la propiedad de la vivienda solicitó que se suspendiese la ejecución hasta que el ayuntamiento no le facilitase una vivienda digna, a lo que se opuso la parte denunciante.

En el auto, el TSJB argumenta que "la ejecución de la sentencia dictada el 11 de noviembre de 1993 se viene demorando desde el año 2004, siendo firme desde el 20 de octubre de 1999", por lo que decide utilizar la vía de las multas coercitivas para forzar la ejecución del derribo.

Ayer la asociación Arca, que desde hace veinte años apoya al denunciante, expresó su satisfacción por la sentencia de derribo de una vivienda que "obstruía la panorámica del mirador del Calvari ya que se elevaba 3,5 metros y ocupaba 20 metros de ancho".

El alcalde avisa de la posible indemnización

J. F. S. Pollença. El alcalde de Pollença anunció ayer que recurrirá la imposición de una multa coercitiva que deberá abonar de su patrimonio personal debido a que el Ayuntamiento ha realizado los pasos necesarios para ejecutar la sentencia, pero "los plazos administrativos no son los mismos que los judiciales", según señaló. El consistorio ha aprobado el proyecto de demolición de la vivienda del Calvari por unos 40.000 euros y piensa acatar el fallo a pesar del desacuerdo expresado por Cifre hacia el contenido del auto.

El edil expresó su preocupación por la indemnización que el ayuntamiento deberá pagar a la propiedad y que cifró "entre 700.000 y un millón de euros", ya que el solar que quedará vacío podrá ser urbanizado de nuevo. A su entender, el fallo se basa en argumentos tan "subjetivos" como las vistas que se observan desde el Calvari.

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