(Diario de Ibiza, 16/07/2013)

Las alegaciones no hacen ninguna referencia a los polémicos convenios con promotores criticados por la institución

e. rodríguez | ibiza . ­Superado el ecuador de la legislatura, el PP sigue sin cumplir uno de sus principales compromisos electorales: la recuperación íntegra del Plan Territorial Insular aprobado por el gobierno de Pere Palau en el año 2005. Desde el principio de la legislatura, el Govern balear, gobernado también por el PP, ha hecho caso omiso a las reiteradas peticiones formuladas desde Ibiza para que se recuperen los artículos de la ley de medidas urbanísticas específicas para Ibiza (la 11/2005) que se eliminaron la pasada legislatura por el gobierno de centro-izquierda a través de la ley 4/2008.

El Govern se ha negado a dar encaje a las pretensiones del Consell en la ley de medidas urbanísticas aprobada en el primer tramo de la legislatura y ahora en la nueva Ley del Suelo, que regula solo el suelo urbano y urbanizable. Por ello, la institución insular ha presentado alegaciones al anteproyecto de la Ley del Suelo dirigidas exclusivamente a recuperar el PTI de Palau y a corregir la regulación de los asentamientos en medio rural. En concreto, en cuanto al último punto, el Consell pide que se consideren urbanos estos asentamientos «aunque no hayan sido legalmente sometidos al proceso de integración en el tejido urbano». La redacción actual de la ley obliga a que hayan superado este trámite legal, pero el Consell puntualiza que esto implica que, en la práctica, no se pueda aplicar esta regulación de asentamientos fuera de ordenación en suelo rústico.

En cuanto a la recuperación del PTI, el Consell reivindica exactamente lo mismo que desde el inicio de la legislatura. Por un lado, que se permita legalizar edificaciones en suelo rústico cuya infracción urbanística haya prescrito y por tanto no pueden ser derribadas. El Consell ha manifestado en reiteradas ocasiones que existía un principio de acuerdo con el Govern para que este incorporara esta medida en la versión definitiva en la Ley del Suelo a través de una disposición adicional.

Del mismo modo, reclama que se recupere el artículo de la ley 11/2005 que permitía la ampliación de viviendas que se encuentran en zonas donde esté prohibido dicho uso. «No se trata de construir nuevas casas, sino de permitir que las existentes se puedan ampliar», justifica la institución ibicenca.

Los controvertidos convenios

Además, reivindica que se rescate el artículo que regulaba la agrupación de la edificación en suelo rústico (un máximo de cuatro) y que excepcionalmente permitía un mayor número de viviendas agrupadas si con ello se reduce el impacto sobre el territorio. Por último, en cuanto al PTI de 2005, el Consell pretende que la franja que queda fuera de los 250 metros del mar en una zona de protección de costas compute a la hora de contabilizar la superficie mínima para edificar una vivienda.

Paradójicamente, en las alegaciones contra el anteproyecto de la Ley del Suelo, no figura ninguna referencia a la implantación de los controvertidos convenios urbanísticos entre la Administración y promotores urbanísticos «tengan o no la condición de propietarios de los terrenos» . «No es lógico que sin haberlo autorizado el propietario o estar de acuerdo, se vaya a firmar un convenio en el que se le incluya un trozo de terreno y quede obligado a urbanizar», decía el conseller de Territorio, Mariano Juan, a mediados de junio al ser preguntado por este periódico. Sin embargo, la inquietud que apuntaba tener no se ha plasmado en el escrito de alegaciones del Consell.