(Diario de Mallorca, 1/06/2013)

Las diligencias informativas deberán determinar qué político o técnico provocó perjuicios al ayuntamiento

T. Obrador. Campos Pese a considerar que correspondería a la Justicia el determinar las responsabilidades, el PSM, en la oposición del ayuntamiento, presentó en el pleno de anteayer una moción para esclarecer todo el proceso del caso de la polémica urbanización (recientemente derribada) de ses Covetes y "determinar la responsabilidad de las autoridades y técnicos". El equipo de gobierno, PP y +Acció, y el edil socialista en el grupo mixto, Paco Blasco, respaldaron la moción de la formación nacionalista liderada por Guillem Vidal. Los gobernantes solo exigieron un cambio en el texto: si el acuerdo propuesto era abrir un expediente informativo, finalmente será "abrir diligencias informativas".

De esta manera, a diferencia por ejemplo de lo sucedido en Deià con la demolición entre 2011 y 2012 de cuatro chalés ilegales, o en Manacor con el derribo del Pont del Riuet de Porto Cristo, Campos sí aprueba hacer una investigación.

Vidal defendió que "con toda la literatura jurídica que se ha escrito durante estos veinte años hay elementos suficientes para exigir la responsabilidad que, de forma imperativa, prescribe el artículo 145 de la Ley 30/92, de RJAE y PAC".

En concreto, el acuerdo del pleno busca "determinar la responsabilidad de las autoridades y técnicos que, por una actuación dolosa, culposa o negligente de estos, se hayan derivados daños y perjuicios para el ayuntamiento, con motivo de la aprobación de las Normas Subsidiarias de 1991, de la concesión de la licencia en 1992, de la defensa de las actuaciones municipales en procesos judiciales declaradas ilegales, y de las obras de derribo y de reposición de los terrenos". Los alcaldes de este periodo: Guillem Mas (Unió Campanera), Sebastià Roig (PP), Andreu Prohens (PP), Guillem Ginard (UM), Joan Juan (Campos pel Canvi) y Sebastià Sagreras (PP).

Cabe recordar que la controvertida licencia de obras estuvo en poder de la promotora Terrusan S.A., una entidad bancaria y Marina Ernst S.L. (ahora un grupo de empresarios). Durante el proceso incluso UM interpuso una querella, que luego retiró, por una presunta falsificación de los planos.

Por otro lado, el pleno también aprobó una moción del PSM (que aceptó unos cambios sugeridos por los gobernantes) contra la corrupción. En cambio no prosperaron dos mociones también del PSM sobre la derogación del decreto de lenguas y la ley estatal de regimen local, y tampoco una del socialista Blasco que reivindicaba una ronda "antes de que se cree un embudo cuando el desdoblamiento de la carretera Campos-Llucmajor sea una realidad".