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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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Artà: IV no descarta llevar a la Fiscalía la falta de «disciplina urbanística» municipal

(Última Hora, 5/04/2013)

Denuncia que no se ha tramitado un expediente de caducidad en la zona de Bellpuig

A. Bassa. Iniciativa-Verds d’Artà (IV), partido en la oposición, no descarta llevar a la Fiscalía la «falta de disciplina urbanística municipal» del equipo de gobierno actual (UIA y CxI), así como «el incumplimiento del alcalde», Jaume Alzamora, en materia de urbanismo. Así lo confirmó ayer a este periódico el regidor de la formación, Guillem Caldentey.

IV hace referencia a una serie de supuestos que ya fueron denunciados en el pleno ordinario de finales del mes de enero. En concreto Caldentey comentaba que «tanto el alcalde, como la regidora de Urbanismo, tienen perfecto conocimiento que en el entorno de Bellpuig se están desarrollando unas obras con un permiso materialmente caducado des del mes de agosto de 2012».

Añadía que «ya avisamos y así hicimos que constara en el acta del pleno que las obras continuaban en funcionamiento a día de hoy». En el mismo pleno se aprobó una moción que instaba al alcalde a «incoar el expediente de caducidad de la licencia correspondiente al expediente de obras 99/2005 y desarrollar las medidas legales establecidas que correspondan». Caldentey denunciaba que «a día de hoy no consta que se haya ejecutado este acuerdo de pleno que , por otra parte, no era más que un recordatorio del procedimiento legal que correspondía».

Iniciativa-Verds lamentaba que «des del mes de octubre pasado toleramos esta situación que nos preocupa por lo que representa de excepcionalidad arbitraria, de posibles pérdidas económicas para el Ajuntament por la no renovación de la licencia y por perder la oportunidad de reducir la edificabilidad en este lugar emblemático».

Caldentey aseguró a este periódico que «tal y como están las cosas en caso de que continúe la parálisis en la tramitación y en el no inicio de los expedientes, no podemos descartar acudir a instancias superiores para exigir el cumplimiento de sus obligaciones urbanísticas».

Caldentey dejó claro que «la responsabilidad, en este caso, es del Ajuntament que no tramita el expediente de caducidad».

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