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Deià: el TSJIB ordena acabar las obras en Llucalcari en 2 meses tras el derribo de 4 chalés

(Última Hora, 22/03/2013)

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha requerido hoy al Ayuntamiento de Deià y a su alcalde que termine «sin más dilaciones» y en el plazo de dos meses, los trabajos de limpieza y restauración de los terrenos tras el derribo de cuatro chalés ilegales en Llucalcari.

El auto dictado por la sala de lo contencioso-administrativo del TSJIB detalla los trabajos a finalizar en cuestión de dos meses que son la limpieza de ruinas y basura, nivelación del suelo, restauración de bancales, conducciones sobre rasante, plantación de vegetación autóctona, adecuación de muros de cemento, arbolado y «cuantas obras más se hagan imprescindibles».

En su escrito, la sala desestima la petición de hacer un reconocimiento judicial del estado actual de las demoliciones y restauración de los terrenos y el camino a su estado original, que había solicitado el grupo ecologista GOB, pero ordena al Ayuntamiento que acabe las obras de adecuación.

La sala ha ordenado que los trabajos deberán estar «completamente listos y finalizados, sin más recordatorios ni obstáculos» en un término máximo de dos meses a contar desde la notificación del auto, si bien contra esta decisión cabe recurso de súplica en un plazo de 5 días.

El tribunal considera que «no se ha ejecutado debidamente» la sentencia de derribo de los cuatro chalés construidos con licencias ilegales, que data de mayo de 1992 y fue ratificada por el Tribunal Supremo en 1999 y reclama su ejecución «en sus estrictos términos».

Dos de las viviendas ilegales fueron derruidas en mayo de 2011 y las otras dos en abril de 2012, pero la sala de lo contencioso-administrativo recuerda que la sentencia también ordenaba «la restitución de los terrenos al estado natural del paisaje antes de deducir los desmontes y edificación».

Si bien el Ayuntamiento libró un oficio al TSJIB comunicando la finalización de la demolición, también añadió una memoria de actuaciones en la que calificaba de «desaconsejable» el retorno de los terrenos al estado original porque «resulta sumamente costoso por motivos económicos, funcionales y medioambientales».

Tanto el GOB como tres vecinos demandantes han alegado en contra, quejándose de que todavía quedaban actuaciones pendientes.

El tribunal ha constatado en su auto de hoy «la reticencia más que palpable del Ayuntamiento de Deià» a cumplir la sentencia y considera que no deben ser obstáculo «los aspectos técnicos y medioambientales opuestos» y no son necesarios proyectos técnicos o estudios de impacto ambiental para concluir las obras.

La sala ha advertido además de que puede adoptar «cuantas medidas coercitivas sean imprescindibles» para que se cumpla la sentencia. «Lo reiteramos: no se puede intentar burlar la ejecución de la sentencia», dice el tribunal en su escrito.

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