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Campos: el PSM critica el uso de dinero público para tirar ses Covetes y culpa al alcalde que dio la licencia

(Última Hora, 22/03/2013)

El pleno aprueba una reserva, por orden del Tribunal Superior, por si la demolición supera los 450.000 euros

G. Mas. «Ya está bien que se vincule dinero público con el caso de los apartamentos de ses Covetes. Es hora de reclamar responsabilidades al equipo de gobierno del Ajuntament de Campos que en 1992 concedió una licencia ilegal para estas construcciones». Así se manifestaba ayer el portavoz del PSM en la oposición del Consistorio campaner, en el pleno de ayer noche en el que se aprobó una reserva económica por si el coste de la demolición supera los 450.000 presupuestados por el Govern y el propio Ajuntament, con la abstención de la oposición.

De este modo se ha cumplido con la orden dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Balears (TSJB), en la que ordenaba al alcalde Sebastià Sagreras a convocar una sesión extraordinaria para hacer una reserva de la diferencia entre el precio de salida y el de licitación de subasta de los servicios de las playas de sa Ràpita y es Estanys.

Pero se da la circunstancia de que las concesiones de sa Ràpita y s’Estany fueron retiradas hace unos días por culpa de unas deficiencias. El alcalde, por su parte, confía que dentro de la semana que viene el tema se haya resuelto y puedan salir a concurso.

Aunque se desconoce todavía el precio de salida en la subasta, desde el Ajuntament de Campos se calcula que por estos dos conceptos se ingresarán unos 300.000 euros a las arcas municipales.

Proyecto

Por otra parte, el Consell de Mallorca ya cuenta con los 450.000 euros para la demolición y de los que 112.000 corresponden al Consistorio y los 338.000 restantes que aporta del Govern.

A pesar de que el pleno aprobara ayer dicha reserva, el alcalde Sagreras confía en que «finalmente los 450.000 euros sean más que suficientes para proceder a la demolición».

El proyecto está redactado por la dirección general de Arquitectura del Govern y su ejecución corresponde a la empresa pública Tragsa.

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