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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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Los núcleos rurales albergan 4.000 viviendas sin legalizar

(Menorca, 25/11/2012)

El Consell incrementa y detalla para el nuevo PTI el censo de construcciones que se encuentran en una especie de "limbo" urbanístico, que en el anexo del actual plan se sitúan sobre las 1.400

Pep Mir.Los hortales o núcleos rurales de la Isla suman unas 4.000 viviendas que se encuentran en una especie de “limbo” urbanístico. El conseller insular de Ordenación del Territorio, Cristóbal Huguet, asegura que con motivo de las labores de diagnóstico que su equipo está llevando a cabo para acometer la revisión del Plan Territorial Insular se han detectado 28 nuevos conjuntos de edificaciones en suelo rústico no legalizadas que no se habían contemplado con anterioridad sobre el papel. A esto hay que añadir ampliaciones en el “censo” de los ya documentados.

De hecho, el anexo del PTI actual referido a los núcleos rurales recoge unos cuarenta asentamientos de núcleos rurales, que suman unas 1.400 viviendas. A la lista, el actual equipo de gobierno del Consell incorpora otros 28. El incremento es importante, sobre todo en Sant Lluís y Ciutadella, según indica el propio conseller. El aumento en hectáreas no se ha contabilizado aún, ya que queda pendiente delimitar la extensión de estos nuevos núcleos rurales. Se incorporarán a la suma también las ampliaciones de asentamientos previamente detectados.

Huguet comenta que estas viviendas corresponden a distintas tipologías y tamaños. En su mayoría son susceptibles de ser legalizadas, puesto que en definitiva quedan exentas de esta opción aquellas construcciones levantadas en espacios ya protegidos cuando se iniciaron las obras o las que no cuentan con una parcela mínima. Estas viviendas se quedarán fuera de ordenación.

El nuevo PTI, en correspondencia con la reciente Ley de Medidas Urgentes para la Ordenación Urbanística Sostenible aprobada por el Govern este mismo año, dispondrá de las herramientas para que los ayuntamientos delimiten estos núcleos rurales con el objetivo de que pasen a considerarse suelo urbano, de una forma ágil y mediante la tramitación por parte del propietario de un proyecto y el correspondiente expediente de legalización.

Una vez considerados suelo urbano, estos conjuntos de viviendas deberían pasar a disponer de todos los servicios esenciales (electricidad, luz, saneamiento...), aunque no contarían con los mismos derechos que un suelo urbano convencional. “No tendrán el mismo trato, no podrán reclamar un parque o la construcción de un colegio en sus inmediaciones”, explica a modo de ejemplo el conseller.

La pretensión del Consell es que estas legalizaciones a través de los planeamientos municipales se lleven a cabo de la forma más ágil posible. Lo óptimo, dice, sería que se realizaran mediante un órgano consorciado que ofrezca respaldo y asesoramiento técnico a los municipios, aunque esto no puede dejar de ser voluntario. Cabe recordar que, por ejemplo, no todos los ayuntamientos de la Isla están dentro del consorcio de disciplina en suelo rústico. Las legalizaciones contarán con una pautas, que se establecerán con más flexibilidad que en la normativa insular actual, pero siempre con ciertos límites de superficie y las obligaciones pecuniarias que comporta cualquier proceso de legalización.

Cristóbal Huguet comenta que esta legalización conllevará que un número considerable de hectáreas se añadan al suelo urbano existente, comiéndose buen parte del crecimiento en urbano establecido por la normativa actual (algo más de 400 hectáreas, cuando los núcleos rurales actuales ocupan esta misma superficie). Concretamente computarán como suelo urbano las hectáreas correspondientes a la parte de la parcela donde se encuentre la vivienda. Todo esto se deberá tener en cuenta en la revisión del PTI.

Fincas

Cabe recordar que la pretensión del equipo de gobierno insular es que el nuevo PTI simplifique los trámites que se requieren en estos momentos para poder realizar obras de reforma, o incluso pequeñas ampliaciones, en las viviendas legales o legalizables que se encuentran en suelo rústico. Estas operaciones ya no necesitarán de un informe previo del Consell, sino que las licencias se pedirán directamente a los ayuntamientos.

“Queremos corregir el hecho que algunas construcciones, según el momento en que se hayan levantado, no se puedan incorporar de facto al catálogo, paso previo a cualquier obra. Queremos que la gente se vaya incorporando a la disciplina urbanística”.

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