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Las denuncias urbanísticas bajan por primera vez en España, según el TS

(ABC, 7/06/2012)


EFE.Las denuncias y procedimientos penales en materia de urbanismo en España se han reducido por primera vez en 2011, según ha adelantado hoy el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo (TS), Antonio Vercher, que atribuyó este hecho en buena parte a la crisis.

Vercher ha indicado que estos datos se desprenden de la Memoria de la Fiscalía de 2011, si bien ha dicho que aún no es pública, pues se dará a conocer en septiembre, en la apertura del año judicial.

El fiscal ha hecho estas declaraciones a los periodistas con motivo de su intervención en las II Jornadas de Medio Ambiente y Urbanismo que se celebran en Las Palmas de Gran Canaria.

En ellas su director y fiscal decano de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas, Javier Ródenas, ha indicado que las diligencias de investigación en esta materia han bajado en esta provincia al haber menos actividad en el sector de la construcción.

Vercher ha comentado que el descenso de las denuncias urbanísticas se esperaba por la crisis económica, aunque ha advertido de que no se ha producido en todas las comunidades y provincias, pues en unas ha aumentado y en otras disminuido, y ha insistido en no poder facilitar datos porque "hay aspectos que no están cerrados".

No obstante, ha señalado que este descenso también se debe a la puesta en marcha hace seis años de la figura del Fiscal de Sala de Medio Ambiente, y a que cada vez hay más sentencias condenatorias.

"Imagino que es una mezcla de factores", ha apuntado Vercher, que ha añadido que el descenso de las denuncias en urbanismo permite centrarse en otras materias igual o más complejas, también en materia de medio ambiente.

El fiscal del Supremo se ha referido además a las nuevas ordenanzas para la regularización de construcciones ilegales, asunto sobre el que ha dicho que está aún en proceso evolutivo, por lo que habrá que esperar.

En relación a la planteada por el Gobierno de Andalucía, ha indicado que no implica una legalización absolutamente generalizada, pues hay aspectos recuperables y otros que no lo son, por lo que se sigue aplicando la norma y el Código Penal.

En cuanto a la no ejecución de las sentencias que ordenan la demolición de construcciones, Vercher ha manifestado que es algo que no le preocupa en exceso, porque es "extraordinariamente nuevo".

Desde el punto de vista administrativo, no ha habido mucha querencia por parte de los miembros de la Administración de llevar a cabo las demoliciones, porque en España prácticamente no hay tradición de actuar de este modo y "esto se está pagando", ha referido el fiscal.

En su opinión, habrá que buscar un camino para resolver esta situación, aunque ha apuntado que cada año hay más demoliciones, pese a que el número aún es reducido, y los "efectos se notan".

No obstante, ha considerado que se trata de "una materia nueva y por ello tardará en adquirir carta de naturaleza y tener consistencia dentro del contexto social".

En cuanto a la corrupción urbanística, es lógico que se produzca en un sistema económico basado en la construcción, donde parte importante del PIB procedía de este sector, pero también ha apuntado que no se ha parado de endurecer el sistema para combatirla.

En el Código Penal de 1995 se establece el delito urbanístico y se empieza a actuar y la última reforma de 2010 ha aumentado las penas y conductas, y también en materia de prevaricación urbanística, por lo que "el proceso ha sido de crecimiento y desarrollo constante", ha sostenido.

En cuanto a los delitos en materia de incendios, Ródenas ha informado de que en Canarias este tipo de delincuencia no está muy extendida, y ha indicado que el más llamativo de los que se han producido es el ocurrido en el verano de 2007 en Gran Canaria, que fue una "catástrofe ambiental".

Para su presunto autor, la fiscalía de Medio Ambiente ha solicitado una pena de 16 años, pues ha recordado que el delito de incendio forestal, cuando pone en peligro la vida de las personas, puede entrañar una pena de hasta 20 años de prisión, pues es de los más castigados por el Código Penal, junto a los de homicidio y asesinato.

Según ha indicado, hay cuatro procedimientos judiciales en trámite para presentar escrito de acusación, pero son por hechos menores y con penas que no superan los 5 años de cárcel.

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