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Sóller: el dueño de una obra ilegal rehúye cumplir una sentencia por la que cobró por adelantado

(Diario de Mallorca, 8/06/2012)

Un propietario se niega a derribar una estructura de hierro, aunque el consistorio ya le pagó una indemnización de 900.000 euros

JOAN MORA ­El pleno del Ayuntamiento de Sóller aprobó el martes instar a los propietarios de una edificación al cumplimiento íntegro de una sentencia judicial que obliga la demolición de una estructura y restituir los terrenos al estado original antes de las obras. [Nota de Disúrbia: cal dir que si la sentència obligava a demolir les obres perquè la llicència era il·legal, l'obligat a fer-ho seria l'ajuntament, no el propietari, amb independència de la indemnització corresponent, i la notícia sembla confondre aquests conceptes]

El consistorio solleric tuvo que hacer frente al pago de una indemnización de 300.000 euros por haber concedido la licencia de obras de forma irregular y otros 600.000 para pagar las obras de restitución del edificio a su estado original.

Con posterioridad al pleno, el concejal de urbanismo de Sóller, Gabriel Darder (PP), explicó que la propiedad del edificio "intenta eludir el cumplimiento de la sentencia porque no sabe cómo ha de gastar el dinero que fue establecido para su cumplimiento". El edil añadió que con el proyecto que ha presentado al ayuntamiento "quiere justificar el gasto de dinero con cosas que no son reales".

La restitución de los terrenos, la reconstrucción de unos anexos y la demolición de una estructura de hierro debería costar los 500.000 euros que tasó la justicia. En cambio, el último proyecto presentado por los propietarios solo prevé eliminar los hierros por esa misma cantidad, aunque un informe de los técnicos municipales asegura que derribar la estructura metálica solo costaría 21.000 euros.

Es por ello que el pleno acordó por unanimidad instar al dueño de la edificación a que cumpla estrictamente con la sentencia y, además de demoler una parte de la edificación, lleve a cabo la construcción de diversas partes de una casa que fueron objeto de demolición cuando se estaban ejecutando las obras.

El conflicto en cuestión se remonta a los años 90 cuando el ayuntamiento dio licencia de obras para construir un concesionario de automóviles en la zona del Monument. Al poco tiempo de comenzar los trabajos estos fueron paralizados, tras la denuncia de un particular, al constatarse que el nuevo edificio invadía la zona de dominio público de la carretera Ma-11. El caso fue llevado a los tribunales que anularon la licencia.

Pero además de revocar el permiso de obras, el ayuntamiento fue condenado a pagar 300.000 euros de indemnización al promotor y a otros 500.000 euros para hacer frente a las obras de demolición y restitución del terreno y el edificio afectado por las obras. El medio millón se convirtió en 600.000 cuando el demandante solicitó la ejecución de la sentencia con la aplicación de los correspondientes intereses de demora.

Tal y como explicó el edil de urbanismo, el titular del edificio presentó hace unos meses un proyecto que solo contemplaba demoler una estructura de hierro. Eso sí, para esta obra presentaba un presupuesto por el importe que había tenido que pagar el ayuntamiento. El proyecto fue rechazado por los técnicos municipales por "abusivo" y porque no contemplaba ni la restitución del terreno ni la reconstrucción de un edificio que fue derruido parcialmente.

Con el acuerdo plenario del martes, el ayuntamiento reclama al dueño la ejecución íntegra de todos los preceptos contemplados en la sentencia judicial al entender que el proyecto presentado es una "burla" a los sollerics.

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