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El alcalde de Pollença pide al Govern abrir un nuevo plazo para autorizar viviendas vacacionales

(Última Hora, 15/12/2011)

El proceso de regularización de estos establecimientos turísticos, al que se acogieron más de 700 familias, se cerró en el año 2007

Elena Ballestero. El alcalde de Pollença, Bartomeu Cifre (PP), negocia con el Govern para que la nueva Ley General Turística abra un nuevo proceso de regularización y autori- zación de las denominadas viviendas turísticas vacacionales, cerrado desde 2007.Este modelo turístico, que se basa en la explotación de viviendas unifamiliares aisladas o pareadas situadas en suelo rústico, es la base sobre la que se sustenta la economía de muchas familias pollencines . Aproximadamente un millar dispone de la autorización de la Conselleria de Turisme (700 en Pollença) pero otros fueron excluidos del primer proceso de regularización por diferentes motivos o construyeron sus inmuebles una vez acabados los plazos.

Expedientes urbanísticos

La propuesta de Cifre pasa por «flexibilizar los expedientes urbanísticos abiertos contra buena parte de las viviendas turísticas que se explotan en Pollença» y de otra por «autorizar nuevas explotaciones para las viviendas, sean o no de nueva planta, que cumplan con los parámetros urbanísticos que marca la ley». «Es necesario un punto y seguido, una cosa es la situación urbanística que nos encontramos y otra la que queremos de aquí al futuro», dice el alcalde.

Cabe recordar que el proceso de regularización de las viviendas turísticas vacacionales abierto por el Govern balear con la aprobación de un decreto específico en 2005 daba unos plazos cerrados para que este tipo de explotaciones turísticas, que hasta entonces se explotaban de manera alegal, pudieran obtener las correspondientes autorizaciones. El Decreto Ley que regulaba la explotación no contemplaba sin embargo la posibilidad de obtener nuevos permisos una vez cerrado dicho plazo.

Así, las viviendas turísticas vacacionales legales e ilegales siguen compitiendo en un mercado especialmente azotado por la crisis con el problema añadido de que comienzan a llegar órdenes de derribo dictadas por el Consell contra parte de las explotaciones que el Govern autorizó obviando sus infracciones urbanísticas.

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