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Deià licita el derribo de las dos últimas casas de Llucalcari

(Diario de Mallorca, 13/12/2011)

Con la decisión del pleno, el alcalde Jaume Crespí evitará tener que responder con su patrimonio

J. MORA. DEIÀ El pleno del ayuntamiento de Deià aprobó ayer sacar a licitación pública las obras de demolición de los dos chalets de Llucalcari que todavía siguen en pie con el fin de evitar que el alcalde Jaume Crespí tenga que responder con su patrimonio a la sanción impuesta por el juez.

La licitación de las obras se tramitará por la vía de urgencia para recortar plazos y agilizar los trámites conducentes a la efectiva demolición de las viviendas. La propuesta salió adelante con los votos del equipo de gobierno del PP, en tanto que los tres ediles de la oposición no asistieron a la sesión plenaria al estar de viaje.

Según señaló la concejal portavoz del Ayuntamiento deianenc, Magdalena López, en un plazo de trece días tras la publicación de la convocatoria en el boletín oficial el municipio podrá llevar a cabo el trámite de contratación de la empresa que posteriormente podrá iniciar la demolición controlada de los dos chalés. Para la ejecución de estas obras, el municipio dispone de 400.000 euros, que se financian a partes iguales ente el propio Consistorio, el Consell y el Govern. Magdalena López explicó que una de las viviendas que será derribada todavía está siendo habitada por sus dueños, por lo que señaló que el municipio les remitirá una notificación con el fin de que en un plazo de 15 días abandonen la casa junto con todos sus enseres. La demolición de las dos viviendas es fruto de la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que obliga al ayuntamiento de Deià a derribar un total de cuatro viviendas de Llucalcari que en los años noventa fueron edificados con una licencia irregular.

Hace ahora un año el ayuntamiento procedió a la demolición de dos de las viviendas.

Al igual que hace un año, el Tribunal Superior de Justicia de Balears dictó un auto en el que multaba al alcalde Jaume Crespí con 600 euros semanales a cuenta de su patrimonio personal por no dar cumplimiento a la sentencia.

El procedimiento judicial fue promovido por el grupo ecologista GOB.

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