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Sant Josep mantiene el derribo de la casa del Puig d´en Serra

(Diario de Ibiza, 13/12/2011)

El nuevo concejal envía un escrito al juez para acelerar la demolición tras una argucia de la propiedad para evitarlo

J. LL. F. IBIZA. ­El Ayuntamiento de Sant Josep anunció ayer que «se ha visto obligado» a retrasar la demolición de la vivienda ilegal de Puig d´en Serra, que debía empezar esta misma semana, dado que los propietarios han incumplido el decreto emitido por el anterior equipo de gobierno que les obligaba a entregar las llaves del inmueble el pasado día 25 de noviembre.

El portavoz municipal y concejal de Urbanismo, Javier Marí, explicó que el abogado contratado por el Consistorio «ya ha presentado en el juzgado un escrito informando sobre este incumplimiento y se está a la espera de la resolución judicial» que permita acometer el derribo.

Al parecer, la propiedad habría intentado retrasar la demolición «presentando a Medio Ambiente un escrito para defender la importancia de respetar la nidificación de aves que existe en esta zona, proceso que se podría ver alterado por las obras».

Fuentes del anterior equipo explicaron a este periódico, antes de abandonar el gobierno municipal, que la respuesta del juez al incumplimiento de los propietarios se producirá previsiblemente en un breve plazo de tiempo.

Este nuevo aplazamiento de los trabajos de demolición se añade al que se produjo el pasado mes de septiembre, cuando el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma, con el fin de facilitar la labor al perito que debía tasar el inmueble, aplazó la demolición.

La vivienda edificada en Puig d´en Serra, según recordó ayer el Ayuntamiento de Sant Josep en una nota emitida al respecto, tiene una superficie de 300 metros cuadrados y en 2009 fue declarada ilegal e ilegalizable por los tribunales al estar construida en la cima de un monte protegido y con una licencia que incumplía los requisitos de la normativa municipal.

El Ayuntamiento, añade la nota, mantiene reservada una partida de 100.000 euros para pagar los trabajos de derribo, que después deberán ser reintegrados a las arcas municipales por el propietario.

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