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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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El Consell ejecuta cinco derribos este año y prevé una cifra similar en 2012

(Diario de Mallorca, 18/09/2011)

La tramitación administrativa y los recursos judiciales prolongan durante años la ejecución de las demoliciones

I. MOURE PALMA Un camino dificultoso que debe hacer frente a las trabas jurídicas y, en muchas ocasiones, al papel de la picaresca ciudadana. Así es el proceso para culminar una orden de demolición en la isla. Proceso que puede durar años entre tramitación administrativa y recursos varios. Entre enero y septiembre de 2011, por ejemplo, la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial de Mallorca ha iniciado 57 expedientes de demolición y ha ejecutado cuatro derribos, ejecuciones que correspondían a casos que se remontan a muchos años atrás (finales de los noventa y año 2000).

La cifra de derribos ejecutados corresponde a la de dos de las cuatro casas de Llucalcari (Deià), otro en Campanet y un cuarto que se está efectuando en Alaró. Para finales de año, la Agencia del Consell aspira a acometer otro derribo, que sería el quinto, como apunta el director gerente en régimen de suplencia de este organismo, Maties Morey, quien prevé ejecutar las mismas operaciones en 2012. Morey constata que en los últimos años ha habido un aumento progresivo de las infracciones urbanísticas. No es que antes no hubiera estas infracciones, aclara, sino que ahora se ha extremado su control.

No es sólo que se haya creado la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, sino que hay ayuntamientos (concretamente los de Campanet, Valldemossa, Puigpunyent, Algaida, Marratxí, Son Servera y Montuïri) que han delegado sus competencias en el Consell de Mallorca en materia de disciplina urbanística en suelo rústico. Cuando se le pregunta a Morey cuál es la irregularidad urbanística que más se repite, él contesta enseguida: "La construcción de viviendas en parcelas que no cumplen el mínimo establecido". Un mínimo que está fijado en 14.000 metros cuadrados (unas dos quarterades), límite que en algunos casos puede ser variado por los ayuntamientos.

Pese a esta restricción, la Agencia se sigue encontrando con construcciones en parcelas de "2.000 ó 3.000 metros cuadrados", señala el director gerente. "El objetivo de este límite es evitar la colonización del suelo rústico. No hay que olvidar que detrás de cada casa viene una instalación eléctrica, de servicios... Sin este límite, podría llegar un momento en que no hubiese distinción entre suelo urbano y el rústico", arguye. Junto a este tipo de irregularidades, a los técnicos del organismo insular les sorprende el alto número de infracciones que siguen detectando en zonas protegidas, ya sea en ANEI (Área Natural de Especial Interés) o en ARIP (Área Rural de Interés Paisajístico). "Parece mentira que la gente no haya asumido aún estas cosas. La Ley de Espacios Naturales se aprobó en 1991", subraya Morey.

Según datos aportados por la institución insular, en los dos últimos años la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanísticas ha dictado 43 órdenes de demolición (25 en 2010 y 18 en 2011). En este mismo periodo de tiempo, ha ejecutado de manera subsidiaria cinco derribos. "La demolición es un proceso complicado", ilustra el director gerente. A los tiempos que marca la tramitación administrativa del expediente hay que sumar los de la administración judicial, ya que los propietarios suelen presentar recursos contenciosos.

Las argucias de los propietarios

"En los últimos 15 años, sólo he conocido a tres propietarios que hayan asumido la demolición ellos mismos", declara el responsable de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística. El dato evidencia los problemas para llevar a cabo los derribos, que en teoría competen a los dueños, pero que en la práctica el Consell se ve obligado a asumirlos de manera subsidiaria. Después, eso sí, le pasa la factura al propietario, lo que tampoco es fácil. "Muchos desaparecen y es muy difícil cobrarles", indica Morey, quien recuerda una anécdota de una operación de derribo en Maria de la Salut. Cuando llegaron los operarios, acompañados de la Guardia Civil, se encontraron con que el propietario había atravesado el coche en la entrada para impedir el acceso.

El fin de la demolición de las casas de Llucalcari, pendiente de las subvenciones
Los fondos para eliminar las otras dos viviendas procedían de un convenio entre Consell, Govern y Ayuntamiento

I. M. PALMA La financiación necesaria para acometer el derribo de dos de las casas de Llucalcari (Deià) que aún siguen en pie está a la espera de una convocatoria de subvenciones que tiene previsto abrir el Consell de Mallorca en los próximos meses.
Las otras dos viviendas se derribaron entre finales de 2010 y principios de 2011 en virtud de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) –ratificada después por el Tribunal Supremo– que declaraba ilegales las cuatro licencias de obras concedidas por el ayuntamiento de Deià entre 1986 y 1987.

En este caso, se firmó un convenio a tres bandas entre el Govern, el Consell de Mallorca y el propio Consistorio, mediante el cual cada institución asumía una tercera parte del coste de las obras.

Nuevo sistema

Sin embargo, ahora, para las dos viviendas ilegales restantes de Llucalcari se ha optado por otro sistema, según informa el director gerente en régimen de suplencia de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial de Mallorca, Maties Morey.

La institución insular ha preparado una convocatoria pública de subvenciones dirigida a los ayuntamientos, con el objetivo de demoler edificaciones ilegales. El montante global en ayudas que baraja el Consell asciende a 176.000 euros, una cantidad que aún está pendiente de definir.

Sólo podrán presentarse a esta convocatoria casos muy concretos, que cumplan tres requisitos básicos.

El primero, que se trate de licencias municipales anuladas por sentencias judiciales firmes que insten al Ayuntamiento a la demolición de construcciones y a la restitución del terreno a su estado original.

La segunda condición es que haya pasado un plazo superior a ocho años desde que se dictó la sentencia. Por último, se exige que las edificaciones en cuestión se ubiquen en terrenos con un grado especial de protección y que supongan un fuerte impacto ambiental, paisajístico y social.

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