(Diario de Ibiza, 19/07/2011)

El GEN también pide dos años de prisión para todos ellos por un delito contra el medio ambiente

E. R. | IBIZA La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza, María Teresa Hernández, ha decretado la apertura de juicio oral contra el exalcalde de Sant Antoni Antoni Marí Tur, Botja, la exconcejala de Urbanismo Blanca Castiella, el técnico municipal Miguel Ángel Martí, el arquitecto José Torres y el músico rumano Michel Cretu por la construcción de la mansión de este último en la cima de una montaña en Santa Agnès, en contra de la Ley de Espacios Naturales (LEN). El juicio se celebrará ante la Audiencia Provincial.

El Ministerio Fiscal acusa a Marí Tur y a Blanca Castiella de un delito de prevaricación y pide para ambos la pena de siete años de inhabilitación y una multa de 33.600 euros. Para Cretu y el arquitecto de la casa, José Torres, solicita ocho meses de prisión, un año de inhabilitación y una sanción económica de 31.500 euros por la supuesta comisión de un delito contra la ordenación del territorio. Al técnico municipal se le acusa de un delito de falsedad cometida por funcionario público y, por ello, le pide tres años de prisión, tres más de inhabilitación y una sanción de 21.000 euros.

El Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN), que ejerce la acusación popular, también acusa a las cinco personas que se sentarán en el banquillo de la supuesta comisión de un delito continuado contra el medio ambiente, por el cual solicita se les imponga a cada uno de ellos una pena de dos años de prisión e inhabilitación especial para profesión u oficio por el mismo periodo. En el caso de Marí Tur, Blanca Castiella y Miguel Ángel Martí, pide, además, ocho años y medio de inhabilitación para cualquier empleo o cargo público.

Asimismo, el grupo ecologista reclama que los acusados sean condenados a indemnizar al Ayuntamiento en la cuantía que determine el Ministerio Fiscal y al pago de las costas.

Sobre esta última cuestión, la Fiscalía pide que Marí Tur y Blanca Castiella sean también condenados, solidariamente, a indemnizar al Consistorio por los gastos ocasionados por el derribo de la parte de la vivienda que estaba amparada en licencia. La empresa constructora cobró 346.000 euros por el derribo. El fiscal solicita que cada uno de lo dos pague una quinta parte de la totalidad de los costes, incluyendo los honorarios de los abogados. En cuanto a Cretu y Torres, deberían pagar al Ayuntamiento todos los gastos de demolición de la parte no amparada en licencia, con lo que se les cobraría el 63,8% del total.

Además, el auto de apertura de juicio oral decreta el sobreseimiento provisional parcial de las imputaciones del arquitecto Javier Planas y los exconcejales José Prats Cardona, José Ramon Serra, Pilot, y José Cardona.