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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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Menorca: seis ayuntamientos, contra las cuerdas por la Ley del Suelo

(Menorca, 17/07/2011)

La normativa estatal obliga a dotar de alcantarillado y depuración de aguas a todos los núcleos urbanos para poder conceder licencias y en Menorca existen aún 21 zonas sin estos servicios

Pocas veces una normativa estatal había alterado tanto los ánimos en los Ayuntamientos menorquines. La Ley del Suelo que se aprobó en mayo de 2007 establece que todas las zonas urbanas deben disponer, entre otros, del servicio de alcantarillado y de depuración de aguas. Si no se cumple esta premisa, el Ayuntamiento de turno no podrá conceder licencias, ni certificados de final de obra ni cédulas de habitabilidad en este punto. Si bien el problema no es nuevo, se ha vuelto a poner sobre la mesa estos días tras la visita del conseller de Administraciones Públicas del Govern balear, Simón Gornés, quien anunció que el Ejecutivo está a punto de alargar el plazo que se ofrece a los Consistorios para cumplir la ley. Ya en el año 2008 se acordó en Balears una especie de parche para salvar la situación, cuya vigencia está a punto de expirar. Y a día de hoy, 21 núcleos urbanos de Menorca no cuentan con los servicios básicos que marca la Ley del Suelo.

Estos 21 núcleos afectan a seis ayuntamientos. Solamente Ferreries y Es Migjorn Gran se salvan. El resto ven como las premisas de la Ley les obliga a efectuar unas inversiones muy cuantiosas en época de vacas flacas, bajo el riesgo de ver como algunas de sus zonas urbanas quedan limitadas por una normativa que no permitiría nuevas viviendas ni autorizaría finales de obra. Algunos políticos critican la medida, puesto que entienden que “se trata de hacer urbanismo al revés, cuando la urbanización está asentada, habrá que volver a levantar todas las calles, pasar tubos, tapar y asfaltar de nuevo”. Además de la inversión, consideran que las molestias que se generará a los vecinos serán notables, y también, éstos seguramente deberán hacer frente a contribuciones especiales para costear parte de la inversión en época de crisis económica.

SANT LLUÍS
Por municipios, seguramente Sant Lluís es de los más afectados. Muchas de sus zonas turísticas se encuentran ahora mismo sin alguno de los servicios básicos exigidos por la Ley del Suelo. Se trata de todo el sector de Binibèquer Nou y de S’Atalaia, Binissafúller Rotters, Binissafúller playa y Cap d’en Font. Además de estas zonas, S’Algar y Ses Casetes de S’Atalaia, que cumplirían la Ley, deben afrontar una mejora del alcantarillado. Sobre todo S’Algar. En esta urbanización, una de las más antiguas de Menorca, los tubos del alcantarillado son más delgados que los que se instalan actualmente, lo que reduce el caudal que pueden transportar. Así, muchos chalets cuentan aún con su fosa séptica para concentrar la parte sólida de las aguas sucias, mientras que la líquida es la que se evacua por los tubos del alcantarillado. Regularmente, en los últimos años, se han hecho actuaciones en esta urbanización para ir cambiando los tubos, ampliando su grosor y eliminando así las fosas sépticas particulares.

El Consistorio tiene redactados los proyectos de urbanización de dos de las áreas afectadas, Binibeca Nou y Binissafúller Rotters. No obstante, persiste la duda de si este paso es suficiente como para superar la Ley, algo que ya se trasladó en el anterior mandato a la Federación de Entidades Locales de Balears (FELIB) y que incluso también se discutió en la mesa del Parlament balear. Sant Lluís también estaba, a finales del pasado mandato, elaborando un mapa topográfico de Binissafúller playa y de Cap den Font, paso previo para la redacción de un proyecto de urbanización que incluya los servicios mínimos exigidos.

ALAIOR
En Alaior son tres los núcleos afectados por las premisas de la Ley del Suelo: La Argentina, Calascoves y Son Vitamina. En este último caso, hay que diferenciar dos partes dentro del mismo núcleo, la norte y la sur. La norte, más antigua, no cuenta con alcantarillado. La sur, más nueva, y que dispone de unas veinte parcelas, tiene las tuberías a punto, y solamente falta conectarlas a alguna instalación que permita la depuración de las aguas. Esta última parte se salvaría de las prohibiciones de otorgar licencias porque el anterior Consistorio entró en el Consell dos proyectos alternativos para solucionar la depuración de las aguas. Uno preveía la conexión del alcantarillado a la depuradora recientemente construida en Cala en Porter. El otro proyecto apuntaba a la instalación de una depuradora de reducidas dimensiones en una de las parcelas de la urbanización (instalación que costearía el promotor). El Consistorio ha pedido al Consell el interés general para estas dos actuaciones, pendiente de que se decida cuál es más conveniente, pero con un acuerdo ya firmado con el promotor con el compromiso de que se va a solucionar este tema. En principio, la iniciativa mejor vista por el anterior equipo de gobierno era la conexión de Son Vitamina con la depuradora de Cala en Porter, que también podría recoger las aguas de Cales Coves, una urbanización descatalogada por las DOT, cuya situación es muy compleja. Sería una inversión costosa, pero a largo plazo, también lo sería que el promotor de Son Vitamina Sur instalara una depuradora en sus terrenos, puesto que en cuanto el Ayuntamiento recepcionara la urbanización, debería hacerse cargo de esta instalación.

MAÓ
En Maó, la gran mayoría de núcleos urbanos fuera de la ciudad incumplen la Ley del Suelo. Se salva Sant Climent, Llucmaçanes y Binidalí. Esta última zona en principio queda fuera de las limitaciones de la Ley al disponer de red de alcantarillado, aunque esté pendiente de conectar a la estación depuradora que lleva el mismo nombre. De todos modos, algunas fuentes apuntan a que esta situación también podría interpretarse como una falta de los servicios básicos, y por lo tanto quedar fuera de la Ley. De hecho, son varias las fuentes consultadas que aseguran que, a día de hoy, aún no está claro en qué condiciones se podrán conceder licencias de obra y en cuáles no.

Del resto de núcleos, en el anterior mandato se propuso que las tuberías de alcantarillado de Sa Mesquida se conectaran con la estación de la base militar de Sant Isidre. Incluso había un acuerdo con el Ministerio de Defensa, pendiente ahora de ver qué decisión adopta el actual equipo de gobierno del Partido Popular.

ES MERCADAL
En Es Mercadal, las zonas afectadas son tres: Addaia, Macaret y Punta Grossa 1. En el primer caso, la red de alcantarillado está construida, pero no se puede conectar a ninguna estación depuradora porque la tantas veces anunciada de Addaia aún está en proyecto. En Macaret, existía también una iniciativa en marcha, pendiente de una aportación económica sustancial del Ministerio de Medio Ambiente, un requisito que a día de hoy mantiene el proyecto totalmente paralizado y sin ninguna previsión de cuándo podrá retomarse.

El alcalde del municipio, Francesc Ametller, critica que “no es justo que una zona turística en la que los vecinos y el Ayuntamiento han costeado una inversión muy importante quede ahora paralizada por una ley como la del Suelo”. De todos modos, Ametller asegura que en todos los crecimientos urbanísticos futuros previstos en Es Mercadal ya se exige la construcción de alcantarillado.

CIUTADELLA
El municipio más extenso de Menorca solamente cuenta con dos zonas que ahora mismo no cumplen la Ley. Una de tamaño relativamente reducido, Son Cabrisas, cerca de Cala Blanca. Otra es de una extensión mucho mayor, Cala Morell. En esta icónica urbanización, solamente una pequeña parte de las calles disponen de servicio de alcantarillado. La idea de dotar toda la urbanización con las tuberías necesarias siempre ha estado presente, pero por ahora no se ha materializado.

ES CASTELL
Cuatro zonas se ven afectadas: la Cala Sant Esteve, el futuro plan parcial de Binissaida, Noria Riera y Trebalúger. Es en esta última zona donde hace un tiempo se desató un conflicto precisamente por el alcantarillado. Los vecinos pidieron que los fondos que el Consistorio recibía del Plan E se destinaran a costear unas obras largamente reivindicadas, y que según el Consistorio, podrían suponer una inversión de cinco millones de euros. El dinero del Plan E se invirtió en otras obras, algo que molestó a los vecinos, que siguen sin alcantarillado en sus más de 300 viviendas.

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