IBIZA | REDACCIÓN. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Sant Antoni han recomendado iniciar el expediente de revisión de oficio de dos de las tres licencias de la discoteca Amnesia impugnadas por la propiedad de Space, que reclama su nulidad de pleno derecho. Se trata de las que fueron iniciadas y tramitadas después de la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Urbanística (1990) y de la Ley de Suelo Rústico (1997) de Balears, y en concreto el permiso de obras para la reforma y legalización de Amnesia, otorgado en abril de 1998, y la licencia de actividad concedida en diciembre de 2002 que autorizaba la mejora de las vías de evacuación y un incremento en su aforo.

Según la letrada jefa de los servicios jurídicos municipales, Isabel Navarro, el expediente de revisión de oficio debe ser tramitado puesto que «las anomalías» que ella misma detalla en su dictamen «podrían considerarse actuaciones nulas de pleno derecho». Así, admite que la ampliación de la discoteca autorizada en 1998 «resultaba de tal envergadura que desvirtuaba totalmente la actividad en las condiciones para las que fue inicialmente autorizada», por lo que «podría haberse entendido que se trataba de una nueva licencia y no de una ampliación», en un momento en que era ya preceptivo que la actividad fuera declarada de interés general, con arreglo a la Ley de Suelo Rústico. Además, la letrada estima que «la licencia otorgada podría no cumplir con los parámetros urbanísticos de la normativa vigente en el momento de su concesión», por lo que podría interpretarse también que el expediente «debiera haber sido remitido a la Comisión Insular de Urbanismo para su exoneración».

Aforo y vías de evacuación

En el caso de los permisos para ampliar el aforo y mejorar las vías de evacuación, el informe jurídico constata que se «aumentaban parámetros urbanísticos sobre la licencia de obras de 1998, que ya podría haberse otorgado con incumplimiento de parámetros urbanísticos y sin haberse remitido a la Comisión Insular de Urbanismo para la obtención de la declaración de interés general».No obstante, el dictamen jurídico subraya también que el informe favorable a la actividad emitido en su día por la Comisión de Actividades Clasificadas del Consell «nada hizo constar respecto a la necesidad de someter el expediente a la declaración de interés general».

Esta actuación del Consell, que era la Administración competente para otorgar dicha declaración, lleva a la letrada a considerar que pudo aplicarse «el criterio de considerar que se trataba de una actividad existente y que la ampliación de la misma no necesitaba someterse al trámite» del interés general.

Una vez que el Ayuntamiento de Sant Antoni acuerde el inicio de la revisión de oficio, que no prejuzga aún su decisión, tendrá que dar audiencia a todas las partes y pedir el dictamen del Consell Consultiu de Balears.