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Sant Josep: una sentencia obliga a resucitar la licencia de una obra de gran impacto en es Puig Redó

(Diario de Ibiza, 5/03/2011)

El Consell denegó su legalización hace diez años, pero ahora un juzgado de Palma pide su concesión

IBIZA | J. LL. FERRER. Una sentencia emitida en primera instancia por un juzgado de Palma obliga al Ayuntamiento de Sant Josep a conceder la prórroga de la licencia de obras de una mansión inacabada en el Puig Redó, cerca de sa Cova Santa, a pesar de que hace unos diez años su legalización fue denegada por el Consell por las múltiples irregularidades que presentaba el proyecto. La obra se ubica en la parte más alta de un monte y, por este hecho y por sus grandes dimensiones, provoca un fuerte impacto, según han reconocido en anteriores ocasiones responsables municipales.

El Ayuntamiento de Sant Josep concedió licencia a principios de los años 90 al promotor de esta obra, que ya se encontraba bastante adelantada cuando los trabajos fueron suspendidos y quedaron abandonados, con la grúa plantada en la cima del monte, visible desde la carretera de Sant Josep a la altura del desvío hacia Porroig.

Hacia el año 2000, los propietarios presentaron una solicitud de legalización de la obra ante la Comisión Insular de Urbanismo, pero esta petición fue denegada, dado que la construcción ejecutada incumplía los parámetros exigidos por la normativa y por la propia licencia, según recordó ayer un integrante de la comisión en aquella época.

Sin embargo, los promotores decidieron posteriormente acudir a los tribunales mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo. En la sentencia recaída a finales del año pasado los propietarios han visto reconocido su derecho a obtener una prórroga de la licencia, a lo que el Ayuntamiento actual se opone.

«Se debía caducar»
Según explicó el concejal de Urbanismo de Sant Josep, Josep Antoni Prats, el permiso «se tenía que declarar caducado» por su gran antigüedad. Sin embargo, entre los razonamientos del magistrado figura el hecho de que el Ayuntamiento debía atender a razones socioeconómicas y a la buena voluntad mostrada por los promotores como motivos para conceder la prórroga.

El Ayuntamiento ha recurrido esta sentencia, aunque Prats admitió que «si el juez obliga a conceder la prórroga, deberemos concederla».

La construcción de esta obra se vio envuelta en polémica en el momento en que se concedió la licencia, ya que los ecologistas del GEN denunciaron que el entonces alcalde de Sant Antoni, Antonio Marí Tur, estaba vinculado a la empresa constructora, Zinc SA. También se denunció el «atentado paisajístico» que suponía la construcción, por hallarse en un promontorio de gran visibilidad en el entorno, además de vulnerar varias normativas.

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