F. GUIJARRO. PALMA Tras tres legislaturas de intentos fallidos, Balears se mantiene como la única autonomía que aún no dispone de su propia Ley del Suelo. Y esta situación de "inoperancia política" ha colmado la paciencia de los representantes empresariales y de los colegios profesionales. Por ello, el Cercle d´Economia y la Cámara de Comercio han decidido liderar una iniciativa para que sea la propia "sociedad civil" la que elabore un proyecto legislativo que será presentado al conjunto de grupos políticos antes de que acabe el año, según han anunciado tanto el presidente cameral, Joan Gual, como su homólogo en la asociación empresarial de promotores de Balears, Gabriel Oliver.

Gual no duda en otorgar el principal mérito de esta iniciativa al presidente del Cercle, Alexandre Forcades, al que califica como un "gran dinamizador". La idea nació de unas jornadas que recientemente organizó esta última organización y que se celebraron en la sede cameral.

Gabriel Oliver recordó que durante la presidencia de Gabriel Cañellas comenzó a trabajarse en un borrador de la citada ley, y que el primer texto fue puesto sobre la mesa durante la primera legislatura del Pacto de Progreso [Nota de Disúrbia: en realitat han estat quatre els avantprojectes presentats: els anys 1999, 2001, 2006 i 2009]. Pero en estos momentos sigue sin existir el consenso necesario entre los partidos para garantizar su aprobación.

¿El motivo de este bloqueo? Oliver no duda en achacarlo a que "con la Ley del Suelo se ha querido ir demasiado lejos y algunos han pretendido introducir ideología política en lo que debería ser un instrumento de gestión urbanística o convertir esta norma en una ley de leyes". Por ello, para la elaboración del proyecto se va a buscar el asesoramiento de un gabinete jurídico y se van a remitir invitaciones para que participen los colegios profesionales, como el de arquitectos, los agentes sociales de las islas y grupos ecologistas como el GOB.

Según Oliver, uno de los principales objetivos de la norma que se quiere elaborar es el de agilizar la gestión del suelo, ante las constantes trabas que los inversores registran a la hora de poner en marcha alguna iniciativa inmobiliaria.

Una vez elaborado el citado proyecto, se enviará a las fuerzas políticas para que, si lo aceptan, tramiten su aprobación en el Parlament balear, con la ventaja de que "previamente habrá sido pactado por la sociedad civil", según subrayó el presidente de los promotores.

En relación a este tema, el PSOE balear confía en que antes de que concluya la actual legislatura se alcance un acuerdo con la oposición, PP y UM, que haga posible la aprobación de iniciativas políticas de la importancia de las leyes del Suelo, del Buen Gobierno y Buena Administración y de Igualdad. Así lo señaló ayer el portavoz socialista en la Cámara legislativa, Antoni Diéguez.