(Diario de Ibiza, 15/01/2011)

El presidente Jaume Ferrer expresa su preocupación por la posible indemnización

FORMENTERA | C. C. El Consell de Formentera encargará, a través de un decreto de presidencia que será aprobado la próxima semana, la redacción del proyecto de demolición del centro comercial Sant Ferran, situado en el solar conocido con el nombre de Ca ses Castellones. Existe una sentencia firme, del 4 de febrero de 2009, que anula la licencia de obras otorgada en 2006 por el entonces gobierno tripartito del PP-GIF-PREF y que obliga a restituir el solar a la situación anterior a la construcción de los tres edificios levantados.

El presidente del Consell, Jaume Ferrer, avanzó ayer, en declaraciones a Radio Illa Formentera, que a finales del pasado año, al mismo tiempo que pedían la inejecución de la sentencia que fue desestimadas por los tribunales, solicitaron a la empresa promotora la redacción del correspondiente proyecto de demolición, dándole un plazo de dos meses para presentarlo. Como la citada compañía no ha aportado el proyecto será el Consell el que «de forma subsidiaria» lo redacte. Ferrer indicó que a partir de ese momento esperarán a que el juez indique si deben proceder o no a la demolición y «si es que sí pues tendrá que ir para abajo», indicó. Como máximo representante de la institución aseguró que acatará el dictamen del juez.

El presidente manifestó: «En su momento las cosas no se hicieron bien y ahora pagamos la consecuencias, el daño ya está hecho, se dejó tirar una casa payesa y se dio una licencia en base a un informe no vinculante del Consell Consultiu y luego la antigua comisión insular de Patrimonio también hizo un informe favorable y el alcalde resolvió para conceder la licencia».

Jaume Ferrer quiso despejar cualquier duda sobre las intenciones del equipo de gobierno respecto a este conflicto urbanístico para asegurar que en caso de que los tribunales confirmen la sentencia de demolición la institución no mantendrá una postura de «pasotismo». Añadió que, en estos momentos, la preocupación es evitar tener que pagar una indemnización cuya cantidad deberá ser determinada por un juez.