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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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Ciutadella: Maite Salord niega que el expediente del policía estuviera en su despacho

(Menorca, 9/12/2010)

La concejala de Cultura contradice la versión de Antònia Salord en su declaración ante la juez que instruye el caso de la desaparición de un documento de disciplina urbanística

Redacción. La primera teniente de alcalde de Ciutadella, Maite Salord, negó ante la juez que instruye el caso del expediente desaparecido que Antònia Salord dejara la documentación en una estantería de su despacho, tal como la edil del Grupo Mixto afirmó el pasado 8 de noviembre en su declaración judicial.

La ex concejala de Policía compareció ese día en el Juzgado número 2 de Ciutadella como imputada por un presunto delito de prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos. Los hechos guardan relación con la desaparición de un expediente de disciplina urbanística contra un policía local afiliado a CCOO y afín a la regidora, lo que motivó en su día la presentación de una demanda judicial por parte de Unió des Poble de Ciutadella.

Tras asegurar en un primer momento que no recordaba dónde había quedado el expediente, Antònia Salord cambió su versión de los hechos en su declaración ante la juez, asegurando que había dejado la carpeta en una estantería de su despacho. Esta dependencia pasó a ser ocupada a partir del 17 de marzo de 2009 por la edil nacionalista Maite Salord.

En la declaración, a la que ha tenido acceso “Es Diari”, la concejala de Cultura desmiente, sin embargo, la afirmación de su antecesora en el despacho, al asegurar que el citado expediente “no estaba ni en ninguna estantería ni en ningún otro sitio” del mismo.

El relato de los hechos aportado por la edil nacionalista difiere sobremanera del presentado por Antònia Salord.

La actual responsable de Cultura afirma tajantemente que “no vio a nadie sacar expedientes de su despacho antes que tomara posesión del mismo” y que “nadie le comentó nada” al respecto. Cuando Maite Salord entró en el despacho, que describió como “bastante grande, con estanterías y cajones”, había, según la edil del PSM, “cuatro cajones totalmente vacíos”. Asimismo, explicó que “encima de la mesa, había una serie de carpetas y expedientes”. Pese a reconocer que “había alguno de urbanismo”, no estaba, sin embargo, el expediente 319/08, relativo al policía local.

Maite Salord comentó, asimismo, en el Juzgado que “revisó todos los documentos” que se encontraban en el despacho. Según la edil, “había unos cuatro o cinco expedientes, todos referentes a temas urbanísticos”, y todos ellos “de interés general”, ya fuera porque eran temas respecto a los cuales la oposición había mostrado interés o porque habían sido “objeto de polémica entre los partidos políticos y la ciudadanía”.

“El expediente no estaba”

Las afirmaciones de la edil nacionalista no dejan lugar a dudas sobre su versión de lo sucedido. Según consta en su declaración judicial, Maite Salord está “segura de que entre los cuatro o cinco expedientes” antes citados, “no estaba” el que ha motivado la querella de UPCM. Tampoco Milagros León, que por aquel entonces era concejala de Urbanismo, le manifestó nada –afirma- respecto a este expediente.

Maite Salord recibió las llaves del despacho por la mañana del mismo día que tomó posesión de él. Al poco tiempo, entregó los expedientes de urbanismo que se encontró sobre la mesa, así como una carpeta de ferias y mercados, a sus respectivos departamentos municipales. La concejala del PSM se quedó tan sólo con un expediente, el relativo a la Plaça del Príncep, ya que “hacía referencia a materias que podían ser de su área”, al tratarse de “aspectos culturales relacionados con la música”.

Sobre el proceso que se siguió para tratar de dar con el paradero del expediente desaparecido, Maite Salord cuenta, en su declaración judicial, que “se hicieron gestiones para investigar dónde estaba”, y que, posteriormente, la alcaldesa, Pilar Carbonero, hizo un requerimiento por escrito a Antonia Salord, que ésta “no respondió”.

Informe jurídico

Al tener conocimiento, a través de los medios de comunicación, que el expediente se remitiría a la Fiscalía, la ex concejala de Policía –recuerda Maite Salord- “acudió al Ayuntamiento a pedir el informe jurídico que obraba en las actuaciones” que se iban a enviar al Ministerio Público. Según la primera teniente de alcalde, Antònia Salord exigió ver el dictamen, “no de muy buenas maneras”.

Junto a estas afirmaciones, Maite Salord admitió, a preguntas de la defensa, que, desde el momento en que pasó a ocupar el despacho, es posible que “otra gente” pudiera tener acceso al mismo, por cuanto “acostumbraba a estar con la puerta abierta”.

Respecto a si Antonia Salord había dejado la puerta abierta de su despacho, la concejala del PSM declaró que desconocía este aspecto, como también si “alguien” pudo entrar en dicho despacho “en el interín” del cese de la edil de Policía y la ocupación del mismo por la responsable de Cultura.

Los hechos investigados por el Juzgado de Instrucción número 2 ocurrieron en 2009, cuando Antonia Salord –que, tras la dimisión de Llorenç Brondo, pasó a ser alcaldesa accidental- pidió a la oficina de recaudación municipal que le enviase los originales de doce expedientes de disciplina urbanística iniciados por el consistorio.

Los documentos le fueron entregados el 27 de febrero por medio de un funcionario. Todos, salvo el del delegado de CCOO, fueron devueltos el 3 de marzo. El expediente en cuestión tenía pendiente la firma de la alcaldesa. El presunto infractor se enfrentaba a una sanción de 21.379,47 euros.

El requerimiento de Antonia Salord a la empresa Recaudación y Gestión de Tributos Locales para que le fueran entregados los expedientes se produjo después que UPCM solicitara información al equipo de gobierno sobre los 172 expedientes de disciplina urbanística en suelo rústico que el Juzgado había devuelto en su día al Ayuntamiento tras tramitar algunos de ellos por vía penal. Se pretendía de esta manera que fuera el propio Consistorio el que se encargara de reclamar en vía administrativa a los infractores con el fin de poder cobrar los importes de las multas.

 

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