Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
Inicio > Historias > Deià: Govern, Consell y Ayuntamiento llegan un acuerdo para demoler los chalés de Llucalcari

Deià: Govern, Consell y Ayuntamiento llegan un acuerdo para demoler los chalés de Llucalcari

(Diario de Mallorca, 18/09/2010)

El pleno insular aprueba una partida para proceder al derribo, dictado por el Supremo en 1999, cuyo coste asciende a 437.000 euros

M. CAÑELLAS. PALMA. Aún siguen en pie. Pero por poco tiempo. Govern, Consell y ayuntamiento de Deià han llegado a un acuerdo para demoler dos de los chalés ilegales de Llucalcari. De esta manera, las instituciones darán cumplimiento a la orden de derribo dictaminada por el Tribunal Supremo hace una década.

En abril de 2009 las administraciones ya anunciaron su colaboración en el histórico conflicto urbanístico. Su compromiso llegaba tras una nueva polémica; el TSJB imponía al alcalde una multa de 600 euros mensuales por no haber ejecutado el derribo de las viviendas. Ahora, tras más de un año, dicho acuerdo ha sido finalmente ratificado por el pleno del Consell. Según reza la propuesta, las instituciones sellan un acuerdo y se aprueba una partida económica para acatar el dictamen judicial. Esta medida se desarrolla en el marco del Plan Estratégico de Subvenciones de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial de Mallorca, iniciativa que había sido inicialmente descartada y que finalmente se llevará a término.

El coste total de la demolición asciende a 437.000 euros, que serán financiados a partes iguales entre el Consell, el Govern y el ayuntamiento de Deià. De estos, la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística se hará cargo de 145.000 euros.

Un histórico conflicto

El caso de los chalés de Llucalcari colea desde hace 20 años. Se edificaron en la década de los años 80, en base a los permisos de obra concedidos por el Consistorio. Pero dicho suelo no era urbanizable y, por tanto, no era apto para su construcción. Las viviendas unifamiliares, algunas de las cuales eran propiedad de conocidos personajes en el país, se convertían, así en inmuebles ilegales. El 6 de mayo de 1992 el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) declaraba nulas las licencias y ordenaba el derribo de los mismos, así como la restitución de los terrenos a su estado natural. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo el 26 de marzo de 1999.

El Ayuntamiento, por su parte, declaró que carecía de liquidez para afrontar dicho coste. Y las viviendas se mantuvieron, por ello, intactas. De hecho así continúan, a pesar de que el 19 de julio de 2001, la Sala de lo contencioso administrativo del TSJB dictó un auto que requería al Consistorio la ejecución de la sentencia firme. Dicha orden fue, asimismo, recurrida en casación sin éxito; una nueva sentencia del Tribunal Supremo emitida el 1 de marzo de 2005 desestimaba la apelación. Tres años después, el 8 de mayo de 2008 la Sala de lo contencioso administrativo aprobaba el programa de ejecución para que se llevara a cabo en un plazo de diez meses, término que fue considerado incumplido el 31 de marzo de 2009, cuando se procedió a la imposición de la multa al alcalde.

Se espera ahora que el proyecto de demolición se ejecute en breve. Esta actuación pondrá fin a uno de tantos episodios urbanísticos aún pendientes en Mallorca, como el controvertido caso de ses Covetes.

Adjudicación sin concurso por el interés público y de la zona

El interés público y especial de la zona (Llucalcari) justifica que la operación quede exenta de "promoción de publicidad y concurrencia mediante convocatoria pública", indican desde la institución insular. El Consell entiende así que la situación es especialmente urgente y necesaria para otorgar la subvención al ayuntamiento de Deià.

La demolición de las viviendas ordenada por sentencia judicial –que desde 1992 está pendiente de ejecutarse– "únicamente puede tener lugar en Llucalcari, en relación a unas viviendas concretas, de las cuales cabe destacar el carácter emblemático del lugar donde se ubican y los indiscutibles valores medioambientales, patrimoniales y paisajísticos, quedando patente más que nunca la necesidad de hacer cumplir la normativa y respetar la disciplina urbanística". En opinión del Consell, dichos argumentos acreditan el "interés público" de la actuación y la necesidad de conceder el citado montante al proyecto de derribo de los inmuebles unifamiliares.

La propuesta, aprobada en el pleno de la institución insular, detalla, asimismo, el coste de la demolición de cada uno de los chalés, en virtud del proyecto realizado por el arquitecto Gili, que ascienden a 237.500 euros y 199.700 euros.

Referencias (TrackBacks)

URL de trackback de esta historia http://disurbia.blogalia.com//trackbacks/67735

Comentarios

Nombre
Correo-e
URL
Dirección IP: 54.224.158.232 (0926d7f672)
Comentario





		

Arxius

<Septiembre 2017
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Categories

  • Eivissa i Formentera
  • Especial
  • Mallorca
  • Menorca
  • Operacio Voramar
  • Suprainsular
  • Etiquetes

    Llista d'etiquetes

    Documents

  • Altres infraccions
  • Notícies d'anys anteriors
  • Què és Disúrbia?
  • Recopilacions de notícies
  • Cercador de Disúrbia:


    Disúrbia. Recull de notícies 2000-2004
    Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

    Blogalia

    Blogalia