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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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Ciutadella: archivada la querella contra Joana Barceló y Marc Pons

(Menorca, 18/06/2010)

El Juzgado acuerda el sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias por presunta prevaricación administrativa por entender que los hechos investigados no son constitutivos de delito

L.M.F. Un nuevo aval a la convicción de que se actuó conforme a la legalidad urbanística. Esto supone para Joana Barceló y Marc Pons  el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Maó que ha acordado el sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias previas abiertas como consecuencia de una querella interpuesta por Valeriano Allés Canet, S.L. en la que se imputaba a Barceló y Pons un presunto delito de prevaricación administrativa.

Las diligencias archivadas -81/2009- se referían a una acusación que sostenía que Barceló y Pons, presidenta del Consell y conseller de Ordenación del Territorio, respectivamente, en el momento que ocurrieron los hechos, habían adoptado a sabiendas resoluciones injustas en el expediente que concluyó con la denegación por parte de la institución insular de la licencia para construir una fábrica de bloques en la cantera de Son Sintes, en Ciutadella.

El comunicado emitido por el Tribunal Superior de Justicia de las Balears resalta que la resolución del juzgado mahonés obedece a “no ser los hechos investigados constitutivos de delito”,  una conclusión que viene a avalar “la convicción de que las actuaciones en relación a Son Sintes se habían hecho conforme a ley”, en palabras de Pons. Por este motivo, el actual presidente del Consell se expresaba ayer con la tranquilidad de quien ve confirmados sus argumentos.

“Todas las decisiones que tomamos en aquel momento se basaron en informes jurídicos y se adecuaron a la legalidad. El tiempo acaba poniendo las cosas en su sitio y este auto es la confirmación de que nuestra actuación fue correcta”, reiteró Pons, quien no quiso valorar la posibilidad de que el empresario ciutadellenc lo recurra ante el juzgado o la Audiencia Provincial de Palma. “No me corresponde a mí”, afirmó escuetamente.

Por su parte, Joana Barceló mostró su satisfacción con el auto. “En cierta manera supone clarificar una situación que por una parte nos da tranquilidad y por otra refuerza el convencimiento de que actuamos de forma legal, lo que avalaron los informes y las sentencias. Por tanto, del archivo no puedo hacer más que una buena valoración”, aseguró la ex presidenta del Consell.

Desde el despacho del abogado Jordi Tirvió Portús, quien tras la comparecencia de Pons y Barceló el pasado 5 de marzo, entendía que no se había desvirtuado la versión de los hechos defendida por Allés, declinaron efectuar declaraciones hasta el día de hoy.

Una imputación que llegó en un momento inoportuno

Valeriano Allés Canet, S.L., solicitó en 2004 una licencia para construir una fábrica de bloques que le fue denegada por el Consell por prohibir la normativa urbanística la construcción de fábricas en suelo rústico. El empresario recurrió en vía administrativa pero tanto el Juzgado Contencioso Administrativo, en septiembre de 2005, como el TSJIB en marzo de 2006, dieron la razón al Consell.  Entonces el empresario acudió a la vía penal. La admisión a trámite el pasado mes de febrero de la querella criminal contra Pons y Barceló por un presunto delito de prevaricación se produjo en un momento que salían a la luz numerosos casos de corrupción gestados durante la anterior legislatura.  Esta coincidencia subrayó la incomodidad que supuso para el actual presidente del Consell y la consellera de Turismo y portavoz del Govern, su imputación pero no menoscabó en ningún caso su convencimiento de que la querella no prosperaría. Desde que tuvieron conocimiento de que la vía penal se abría para Allés ambos defendieron que se habían amparado en la legalidad para denegar la licencia esgrimiendo las dos sentencias. El archivo de las diligencias refrendaría la posición del Consell, aunque habrá que esperar al eventual recurso.

 

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