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Primer juicio a un arquitecto particular por delito urbanístico en el caso Andratx

(Diario de Mallorca, 1/06/2010)

Una propietaria se conforma con una pena de multa y demolerá una casa construida en ANEI

FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA. El juzgado de lo penal 4 de Palma fue escenario ayer del primer juicio, dentro del caso Andratx, contra un técnico no funcionario, un arquitecto, acusado de encubrir un presunto delito urbanístico cometido por un matrimonio al construir en una finca protegida como ANEI (área natural de especial interés). La dueña de la vivienda llegó ayer a un pacto con la fiscalía anticorrupción, pagará una multa y demolerá las partes de su casa no legalizables.

Ayer el juez Juan Manuel Sobrino juzgó la pieza separada número 3 de las 76 en que se ha dividido el caso Andratx. Antes del juicio, Juan Mulet, el abogado del matrimonio formado por Elisa Graciela Griñán y Juan Carlos Meléndez, llegó a un acuerdo con el fiscal Juan Carrau. Griñán aceptó declararse culpable a cambio de una rebaja notable en su posible condena y de que el fiscal retirara la acusación para su esposo.

Carrau rebajó su petición de pena de dos años de cárcel a 6 meses de prisión, sustituibles por una multa de 1.080 euros. Griñán también se comprometió a derribar la parte no legalizable de la casa, que, a la luz de lo visto en el juicio, es prácticamente todo el inmueble. Anticorrupción también redujo su solicitud de condena para el arquitecto Pedro Pablo Vaquer, para quien reclamó 6 meses de prisión como encubridor de un delito urbanístico. Vaquer, defendido por Manuel Vich, sostuvo su inocencia.

Los hechos se remontan a 1999 cuando el matrimonio compró un terreno en Andratx, donde, según ellos, había existido una antigua casa de montaña. La pareja decidió reformar la propiedad para usarla los fines de semana, pero no pidieron licencia.

La fiscalía mantiene que esa antigua casa nunca llegó a existir y que lo más fue una pequeña caseta de campo, en ruinas en 1999. Los propietarios, acuciados porque el Consell de Mallorca les había abierto un expediente por infracción urbanística, contrataron en 2005 al arquitecto Vaquer para que hiciera un informe con el que poder legalizar la vivienda en el Ayuntamiento. El técnico cobró por aquel informe poco más de mil euros y consiguió que el Ayuntamiento otorgara a posteriori una licencia para ampliar y reformar una antigua casa de montaña.

La fiscalía imputa al arquitecto el haber falseado los datos incluidos en su memoria respecto a que la actual casa de unos 110 metros cuadrados levantada en el terreno, era una antigua vivienda de unos 77 metros cuadrados, que en su día incluso tuvo un baño. El técnico se defendió de esas imputaciones asegurando que, de acuerdo a los indicios recogidos los dos muros principales de la construcción eran antiguos y en su día habían soportado la cubierta a dos aguas de una vivienda típica de montaña. Vaquer añadió que la cubierta se desmontó durante la reforma y se volvió a instalar y que las paredes se reforzaron. Como perito del fiscal depuso el arquitecto Rafael Balaguer y como testigo el dirigente socialista Andreu Crespí.

"Igual me engañaron, pero ví indicios de que era vivienda"

Pedro Pablo Vaquer, el arquitecto juzgado ayer por, supuestamente, encubrir un delito urbanístico, declaró que su informe se basó en la información oral y los documentos facilitados por los dueños de la finca cuya legalización se reclamaba y el trabajo de campo en el lugar. "Puede que (los propietarios) me engañaran, pero yo creo que aquello era una vivienda y que se podía reformar y ampliar por el tamaño de la parcela donde estaba asentada", se sinceró. El Ayuntamiento de Andratx, defendido por Josep de Luis, ejerce la acusación particular. La actual alcaldesa, Isabel Alemany, fue citada ayer como testigo.

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