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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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El GEN denuncia en Fiscalía las negociaciones entre Tarrés y los alcaldes sobre urbanismo

(Diario de Ibiza, 25/05/2010)

Considera que pueden ser constitutivas de los delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y prevaricación. Se trataron una serie de modificaciones legales, pero no se logró un acuerdo

IBIZA | REDACCIÓN A la confrontación política abierta entre el Consell y los alcaldes del PP, se suma ahora una denuncia presentada por el Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) en Fiscalía al apreciar la posible existencia de los delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y prevaricación por las reuniones mantenidas entre las dos partes (Consell y alcaldes del PP) hace unos meses para pactar una serie de modificaciones urbanísticas de carácter general a través de una ley hecha «a medida».

Se refiere a las conversaciones mantenidas a principios de año entre el presidente del Consell, Xico Tarrés, y el conseller de Política Territorial, Miquel Ramon, con los alcaldes del PP para buscar la manera de resolver el problema sobre las competencias urbanísticas en el ámbito del antiguo cuartel militar de sa Coma y acelerar la tramitación de los proyectos previstos. Aparte de este asunto, los representantes municipales del PP pusieron sobre la mesa otras cuestiones urbanísticas de carácter general, como la legalización de viviendas en suelo rústico, la recalificación del campo de fútbol de Sant Antoni o la redelimitación del área de protección de los conjuntos históricos de las iglesias, entre otros, para tramitarlas a través de una ley. Esta negociación, sin embargo, quedó truncada después de que el Govern aprobara la solución al problema de sa Coma vía decreto sin esperar a que se alcanzara un acuerdo con el PP.

El grupo ecologista mantiene que la negociación para la legalización de los antiguos urbanizables de Cala Tarida y Platja d´en Bossa, «desarrollados de forma ilegal y que han sido declarados rústicos por sentencia judicial» va en contra de «la obligación legal» de los alcaldes de perseguir las infracciones urbanísticas. PSOE y ExC están negociando una fórmula (el redactado de la norma) para legalizar estos espacios a través de la ley de sa Coma que se debe tramita en el Parlament.

El GEN sostiene que la tramitación de leyes a medida supone «el más frontal ataque posible al Estado de Derecho y vulnera de forma flagrante la igualdad que debe existir entre todos los ciudadanos ante las leyes». «Mientras a unos se les aplican las leyes, a otros se les elaboran a medida», agrega, al tiempo que indica: «Una de las promesas del programa electoral de la coalición PSOE-ExC fue, precisamente, acabar con las leyes a medida aprobadas durante la legislatura anterior», en referencia, por ejemplo, a la llamada amnistía Cretu, que, no obstante, no sirvió para evitar la demolición de la mansión.

El grupo ecologista mantiene que es «totalmente incomprensible» que, en «la situación de precariedad en que se encuentra el Govern por culpa de la corrupción urbanística», el presidente, Francesc Antich, pueda «admitir» que, para la isla de Ibiza, «esta lacra esté amparada mediante decretos-ley emitidos por el Parlament con el aval de su partido».

El GEN asegura que le corresponde a los ayuntamientos la clasificación del suelo de acuerdo a aquello que establece la normativa y lo que determinen las sentencias judiciales. De hecho, el Ayuntamiento de Sant Josep ha sido el que ha pedido una solución para el problema de los antiguos urbanizables que han quedado fuera de ordenación. Los ecologistas entienden que se pretende dar cobertura legal a los alcaldes y al presidente del Consell «para eludir posibles responsabilidades penales por la aprobación de instrumentos de ordenación con calificaciones de suelo ilegales».

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