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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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Las demoliciones eternas

(Diario de Mallorca, 14/05/2010)

La situación del puente elevado de Porto Cristo hace revivir los casos de Llucalcari, ses Covetes o Cala Tuent

I. M. / T. O. / S. S. V. PALMA. La maraña de intereses opuestos formada por posturas vecinales, resoluciones administrativas y sentencias judiciales que ha puesto de manifiesto en las últimas semanas la situación del puente elevado sobre el Riuet de Porto Cristo –sobre el que pesa una orden de demolición del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB)– no es una excepción en el escenario urbanístico de la isla, salpicado de episodios de derribos que se eternizan en el tiempo.

Son casos como el de las viviendas de Llucalcari (municipio de Deià), cuyo origen se remonta a principios de la década de los ochenta y que tienen una superficie de entre 300 y 500 metros cuadrados. Su ilegalidad la ratificó el TSJB en 1999 y la selló el Tribunal Supremo en 2006. A día de hoy, el proyecto de derribo se encuentra en la fase de redacción, como explicó ayer el alcalde de Deià, Jaume Crespí (PP).

Crespí detalló que el coste calculado de la operación, que ha de salir aún a licitación, ascenderá a unos 600.000 euros, que serán sufragados a partes iguales por tres administraciones públicas, Govern, Consell de Mallorca y ayuntamiento de Deià. Precisamente, el elevado coste de este tipo de operaciones de derribo complica su ejecución final, que en ocasiones quedan a expensas de que las instituciones públicas se entiendan entre sí.

En el caso de Porto Cristo, fuentes del sector de la construcción han cifrado en más de un millón de euros el coste que supondría la demolición, una cantidad semejante a lo que costó construir el puente, por lo que se evidencia el perjuicio de estos pleitos para las arcas públicas. El dinero gastado en la infraestructura –un vial de 7,5 metros de altura y 11 de ancho inaugurado en el año 2004– es uno de los argumentos que emplean vecinos de Porto Cristo para oponerse al derribo, a diferencia de los residentes afectados por la construcción, que respaldan la medida. El problema de la financiación afectaría también, en el caso de que finalmente se llegue a materializar el derribo, a uno de los ejemplos paradigmáticos del desarrollismo mallorquín, la urbanización inacabada de Torre Marina de ses Covetes, con 68 viviendas, en el municipio de Campos.

A falta de una sentencia definitiva –la última palabra está en manos del Tribunal Supremo, que tiene pendiente pronunciarse acerca de dos recursos–, el Consell de Mallorca ya ha redactado el proyecto de derribo, pero, como reconocieron en su día desde la institución insular, una de las claves a resolver reside en el alto presupuesto económico que requeriría. Estas operaciones no sólo conllevan la eliminación física de los inmuebles, sino también la reconstrucción del paisaje a su estado original, lo que encarece el coste.

En el litoral campaner, el esqueleto de cemento de ses Covetes se yergue todavía a pocos metros de la costa, pese a ser un litigio que data de mediados de la década de los noventa. En este tiempo, ha dado lugar a una quincena de resoluciones judiciales, demostrando que las demoliciones quedan atascadas frecuentemente entre los pasillos de la administración de justicia. De hecho, en el episodio del puente elevado de Porto Cristo, puede ser que no se haya dicho la última palabra. La sala de lo Contencioso–Administrativo de Balears del TSJB confirmó que el Ayuntamiento debía encargarse de la demolición "completa" de la infraestructura. Sin embargo, el Consistorio se plantea presentar en los próximos meses un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), por lo que, tal vez, el recorrido del litigio se alargue aún más.

El TSJB insta al alcalde de Manacor, Antoni Pastor (PP), a que, antes del uno de octubre de este año, acredite el inicio de las obras de demolición. En caso contrario, el alcalde se puede exponer a una situación como la que han vivido otros responsables municipales de la isla. Como el de Santa Margalida, Martí Àngel Torres (PP), y el de Deià, Jaume Crespí. A este último, el TSJB le impuso una multa de 600 euros mensuales por no haber dado cumplimiento a la sentencia. Crespí pagó la sanción durante tres meses y ahora espera que le devuelvan lo pagado, porque argumenta que ha quedado acreditado que ha tenido diligencia en acatar la resolución judicial.

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