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Santa Eulària: condenada a un año de cárcel por hacer obras en su parcela sin tener licencia

(Diario de Ibiza, 27/04/2010)

La procesada, supuestamente emparentada con la familia real persa, no entrará en prisión, si bien esto quedará condicionado a que se derriben las obras para las que no tenía permiso y se devuelva el lugar a su estado original

IBIZA | N. G. G. La magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza, Clara Ramírez, condenó ayer a un año de prisión y a pagar una multa de 2.700 euros a Soraya Dianna Khatami, supuestamente emparentada con la familia real persa, según fuentes judiciales, por realizar diversas obras en su vivienda de Roca Llisa sin tener licencia y desobedecer las órdenes de paralización dictadas por el Ayuntamiento de Santa Eulària.

La condenada tendrá también que derribar las obras ejecutadas y restituir el lugar a su estado anterior, así como retirar los escombros que durante los trabajos se vertieron al torrente de Cala Espart. Fuentes de la Fiscalía señalaron que la condena de prisión de la procesada será suspendida y no deberá cumplirla siempre y cuando se realice la demolición en el plazo que se establezca.

La vista oral contra Khatami, acusada de un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave, debía celebrarse ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza. No obstante, el fiscal y su abogado llegaron a un acuerdo y la procesada reconoció los hechos y se conformó con las penas que, según destacó la juez, eran «mínimas».

Los hechos enjuiciados se remontan a los años 2006, 2007 y 2008 y se referían a una parcela con vivienda propiedad de la acusada, que reside en París, situada en Cala Espart, en la zona de Roca Llisa, en el término municipal de Santa Eulària.

Según el Ministerio Público, en 2006 se construyeron en la parcela unas terrazas y una cascada de agua, se hicieron obras debajo de la piscina y se edificaron unas casetas de madera para albergar la caldera de gasoil y la depuradora, entre otras actuaciones.

Un año más tarde, se pavimentó un camino de entrada a la vivienda y se llevaron a cabo nuevas obras bajo la terraza y la piscina. En 2008, se construyó una nueva terraza exterior, un almacén de veinte metros cuadrados y dos plantas y una caseta de madera de doce metros cuadrados.

Al parecer, todas estas actuaciones se llevaron a cabo sin la correspondiente licencia municipal, pues, de acuerdo con la información facilitada por la Fiscalía, la acusada sólo tenía un permiso del Consistorio para reparar un muro exterior de la casa.

Decretos de paralización

En el tiempo en que ejecutaron las actuaciones, el Ayuntamiento incoó diversos decretos de alcaldía para paralizar las obras, concretamente en febrero y marzo de 2006, julio de 2007 y marzo de 2008, tras recibir quejas de vecinos y a raíz del seguimiento realizado por los servicios técnicos municipales, indicaron las citadas fuentes. En dos ocasiones –en 2006 y en 2007– se procedió a precintar las obras, pero la acusada «siguió adelante» en otras partes de la vivienda, añadieron.

Se da la circunstancia de que aunque el terreno era urbano, un decreto-ley de 2007 impidió otorgar licencias para obras en Cap des Llibrell, donde se encontraba esta parcela. En 2008 se determinó también que este área estaba protegida por ser ANEI.

Además de las construcciones, la Fiscalía mantiene que la acusada ejecutó parte de ellas «sobre la zona verde que hay que ceder al Ayuntamiento». Del mismo modo, apunta que el material sobrante de las obras fue vertido al cauce del torrente de Cala Espart.

Aunque en el juicio la acusada reconoció los hechos, su abogado matizó que será en ejecución de sentencia cuando queden claramente especificadas qué obras acometió su patrocinada de manera ilegal. Según el letrado, no todos los hechos relatados por la Fiscalía se ajustan a la realidad y a lo finalmente aceptado por su clienta.

A este respecto, en su escrito de defensa señala que la casa adquirida por su clienta tenía licencia «de ampliación y reforma» y que algunas de las actuaciones ilegales de las que se la acusaba disponían de permiso o eran «menores». Reconoce que se precintó la construcción de un muro, que fue finalmente derribado, y unas obras debajo de una terraza, que añadió que continúan en el mismo estado. De acuerdo con este escrito, el proceso judicial fue fruto de las persistentes denuncias de la comunidad de vecinos, «por puro revanchismo», porque la acusada «se negó a pagar gastos de comunidad».

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