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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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El GEN advierte de que «no se puede hacer otra ley Cretu para salvar ilegalidades»

(Diario de Ibiza, 4/04/2010)

Joan Carles Palerm anuncia acciones judiciales y recuerda que «fue un juez quien anuló suelos urbanizables»

IBIZA | REDACCIÓN. El Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) denunció ayer en rueda de prensa que Ibiza vive un «regreso al pasado» y una «involución» en materia urbanística, a causa del retraso en la aprobación del Plan Territorial Insular (PTI) y de la nueva ley que están negociando el PP y el PSOE para regularizar construcciones ilegales.

Los dirigentes de esta formación Joan Carles Palerm y Neus Prats lamentaron que «las promesas electorales se las lleva el viento» y, en cambio, las actuales instituciones progresistas «practican una política territorial completamente continuista».

Joan Carles Palerm afirmó, en relación a la posible ley impulsada desde Ibiza para amnistiar irregularidades urbanísticas, que «se trata de ilegalidades manifiestas que fueron anuladas por sentencias judiciales» y que supondrían «vulnerar el PTI». «Esto sería prevaricar, y el día que el Consell de Ibiza prevarique, al día siguiente tendrán interpuesta una denuncia en los juzgados. No se puede hacer otra ley Cretu [la que intentó legalizar la mansión ahora derribada] para salvar ilegalidades; fue un juez quien dijo que esos suelos urbanizables son ilegales», afirmó el presidente de la organización ecologista.

También lamentó que el Consell no aprobara el nuevo PTI en su primer año de gestión. «El PTI se hubiera podido hacer el primer año y ahora todas las nuevas Normas Subsidiarias habrían tenido que cumplir unas condiciones diferentes».

«Sólo se persiguen minucias»

Neus Prats dijo que con el intento de legalizar construcciones fuera de ordenación «se está legislando a favor de los grandes infractores y de presuntos delitos urbanísticos que se han cometido en Ibiza. Sólo se persiguen minucias», afirmó.

Prats recordó que el actual equipo de gobierno «prometió que se terminarían las leyes a medida y vemos que nada de esto se hace realidad». «Se ha de exigir a las administraciones públicas que adopten medidas concretas y urgentes y dejar de hacer decretos para proteger a los infractores y a la corrupción», añadió.

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