(Diario de Ibiza, 12/03/2010)

La instrucción está encallada desde hace un año por la negativa del perito a efectuar la prueba sin una provisión de fondos. El fiscal entiende que las posibles consecuencias de la edificación sobre el medio natural son notorias

IBIZA | E. R. La Fiscalía ha decidido renunciar al peritaje del caso Cretu para evitar más retrasos en el proceso, en el que figuran como imputados el ex alcalde de Sant Antoni Antoni Marí Tur y el músico rumano Michael Cretu, entre otros, y que se prolonga desde hace ya casi siete años.

El Ministerio Público ha optado por pedir finalmente que no se efectúe el peritaje solicitado para determinar los posibles daños sobre la fauna y la flora de la zona protegida (Área Natural de Especial Interés) de Santa Agnès donde se construyó la vivienda porque considera que saltan a la vista y son notorios. La mansión fue derribada por orden judicial a mediados del año pasado. Las otras partes personadas en la causa, entre ellas la defensa del Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN), que ejerce la acusación popular, deben pronunciarse ante el juez sobre la petición del fiscal.

La instrucción del caso Cretu por la vía penal se encalló hace un año en la tramitación del peritaje solicitado por la Fiscalía, con el apoyo del GEN. El fiscal considera que la edificación de la casa al amparo de una licencia declarada nula por los tribunales podría suponer un delito contra el medio ambiente. Por ello, pidió un análisis de los posibles daños de la construcción sobreel medio natural. La negativa del perito asignado a efectuar la diligencia solicitada sin una provisión de fondos para cubrir los gastos ha demorado el proceso, que ha quedado paralizado en torno a esta prueba pericial.

La gerencia territorial de Justicia informó posteriormente (en agosto del año pasado) al juez instructor, Juan Carlos Torres, que en las causas penales «no se satisfacen los honorarios de los peritos aunque la prueba la haya solicitado el Ministerio Público porque no está previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hasta que no recaiga sentencia firme con insolvencia del condenado o en caso de sobreseimiento o archivo». El Ministerio de Justicia justificaba que estos son los dos únicos casos en los que la Administración satisface los honorarios a los peritos y que en cualquier otro supuesto quien debe abonar estos emolumentos es la parte que ha sido condenada al pago de las costas.

Instrucción cerrada

La Fiscalía entiende que la instrucción se puede dar por cerrada y que, por tanto, el juez puede iniciar ya un procedimiento abreviado para que las partes, si lo consideran oportuno, presenten escrito de acusación.

El juez instructor, Juan Carlos Torres, archivó la causa en diciembre de 2006 argumentando la falta de indicios de los delitos denunciados por la Fiscalía y el grupo ecologista GEN (contra la ordenación del territorio, el medio ambiente y prevaricación) y la prescripción de dos de estos tipos penales. Sin embargo, la Audiencia Provincial obligó al juez a retomar la investigación a raíz del recurso presentado por el Ministerio Público en contra del sobreseimiento.