(Diario de Ibiza, 6/03/2010)

El alcalde afirma que la reclamación de responsabilidad patrimonial es una cuestión «muy compleja» que el Consistorio «no puede soportar» - El despacho deber determinar si existen responsabilidades personales

IBIZA | E. RODRÍGUEZ. El Ayuntamiento de Sant Antoni ha contratado los servicios de un despacho de abogados de Palma para que tramite el expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial del músico Michel Cretu por el derribo de su mansión de Santa Agnès. El alcalde, José Sala, justifica que se trata de «un expediente muy complejo» que el Consistorio «no puede soportar», dadas «las características» de esta administración.

Sala asegura desconocer el coste que supondrá la contratación de este bufete mallorquín para la tramitación del expediente, aunque puntualiza que no se puede comparar con «lo que está en juego», en referencia a la cantidad económica que reclama la defensa de Cretu. Jaume Roig, abogado del músico rumano, reclamó hace ya años el pago de 18 millones de euros, aunque después del derribo de la casa presentó en el Ayuntamiento una actualización de la reclamación en la que exigía más de 20 millones de euros al incorporar los costes del proyecto de la legalización de la vivienda, que fue denegado por los tribunales, y de todo el proceso judicial.

El alcalde explica que el bufete contratado tendrá que determinar cuál es la cuantía económica que le corresponde al propietario de la casa, «en función de lo que puedan demostrar las dos partes», si otras administraciones son copartícipes y deben sufragar parte de la indemnización y si existen «responsabilidades personales de alguien». El alcalde señala que se deben practicar las pruebas que soliciten tanto Cretu como el Ayuntamiento y que, una vez cerrado el expediente, antes de tomar una decisión se debe remitir al Consell Consultiu.

El plazo para resolver el expediente es de seis meses, aunque el alcalde señala que cabe la posibilidad de que se apruebe una prórroga. Sala siempre ha manifestado que, a su entender, el Consell debe asumir parte de la indemnización que reclama Cretu, ya que , aparte del informe de la Comisión de Urbanismo, «se hizo otro informe favorable como asistencia técnica» en el que se manifestaba que «la construcción era posible». Sin embargo, el equipo de gobierno del Consell descarta esta posibilidad y argumenta, entre otras cosas, que la concesión de licencias urbanísticas es una competencia exclusivamente municipal.

El alcalde también recuerda que paralelamente se está instruyendo el expediente de disciplina urbanística por el exceso de construcción sobre la autorización de obra dada y que podría obligar al promotor a «compensar» económicamente a la Administración. Precisamente, el Consistorio encargó hace unos años un informe jurídico que mantiene que «todo aquello que no estuviera amparado en la correspondiente autorización, no sería nunca susceptible de ser demandado al Ayuntamiento». La construcción tenía 3.110 metros cuadrados, el triple de lo autorizado, por lo cual, según el Grup d´Estudis de la Naturalesa, el Ayuntamiento podría percibir entre 2,5 y tres millones en concepto de sanción.

«Es posible llegar a un acuerdo»

Jaume Roig, abogado de Michel Cretu, considera «posible» que las dos partes alcancen «un acuerdo» sobre la cuantía de la indemnización que corresponde a su defendido sin la necesidad de que lo resuelvan los tribunales. «Si hay voluntad, hay capacidad. Otra cosa es que sea aceptable», indica el letrado en referencia la cantidad económica que reclama el músico. Roig asume que el Consistorio no está dispuesto a pagar dicha cuantía y apunta que, si al final no hay acuerdo, seguramente, esta cuestión se resolverá en los tribunales a través de un contencioso administrativo. Roig reconoce que ha habido contactos con el Consistorio, pero que no puede decir nada más al respecto. El alcalde, José Sala, indica que no ha mantenido ningún contacto con Cretu desde hace mucho tiempo, aunque espera poder hacerlo cuando se resuelva el expediente de reclamación patrimonial que tramita el bufete contratado. | e. r.