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Sant Josep recurre la sentencia que le obliga a demoler una obra ilegal

(Diario de Ibiza, 11/01/2010)

Un juzgado de Palma ha dado cuatro meses al alcalde para que derribe parte del Residencial Punta Pinet y empezará a multarle todos los meses si no lo hace

SANT JOSEP | J. LL. FERRER El Ayuntamiento de Sant Josep ha recurrido ya la resolución judicial emitida por el juzgado de lo Contencioso administrativo número 2 de Palma, a finales del pasado año, que le obliga a derribar la parte del Residencial Punta Pinet, en la bahía de Sant Antoni, construida de forma ilegal en la anterior etapa del PP. La resolución da la razón a una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Balears emitida en 2006 y da cuatro meses al alcalde para que complete dicha demolición, con apercibimiento de la imposición de fuertes multas mensuales en su patrimonio particular de no hacerlo, como sucedió con José Sala en el caso Cretu de Sant Antoni.

El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, confirmó ayer que ya se ha presentado el citado recurso y en el mismo se esgrime como argumentación para evitar el derribo el hecho de que se ha iniciado un expediente por parte del Ayuntamiento destinado a «volver atrás la segregación irregular de la parcela, con lo que ésta volvería a la situación anterior y se cumpliría la sentencia», afirmó Marí Ribas. El terreno donde se encuentra el objeto de la ilegalidad «no se podía segregar», añadió.

Además, el alcalde afirmó que todavía no ha recibido contestación del juzgado a una solicitud de aclaración hecha por el Consistorio.

Marí Ribas destacó su voluntad de cumplir la citada sentencia judicial.

Demolición en Puig den Serra

Por otra parte, el concejal de Urbanismo de Sant Josep, Josep Antoni Prats, explicó que el derribo de la casa ilegal del Puig den Serra, en es Cubells, está ya sólo pendiente de la licitación del correspondiente proyecto de demolición.

Prats afirmó que el presupuesto del Ayuntamiento para 2010 incluye la correspondiente partida económica para hacer frente a estas obras, por un valor superior a los 100.000 euros, que inicialmente será pagado por el Consistorio y luego se repercutirá íntegramente sobre el propietario.

Ahora, se está preparando el expediente para sacar a concurso la ejecución del derribo, al que podrán presentar ofertas todas las empresas interesadas, entre las que se elegirá la que más convenga. La vivienda, de unos 300 metros cuadrados de superficie, ha sido declarada ilegal e ilegalizable por los tribunales, al estar edificada en la cima de un monte protegido y con una licencia que no cumplía los requisitos de la normativa municipal.

El equipo de gobierno confía en que los trámites para la adjudicación de las obras de derribo puedan desarrollarse con rapidez y a mediados de este año haya desaparecido físicamente esta infracción urbanística.

La propiedad ha interpuesto un recurso contra el proyecto de demolición, pero el concejal de Urbanismo explicó que dicha demanda no detiene la efectividad del proceso para su demolición.

Por otra parte, el alcalde explicó ayer que ya se ha puesto en contacto con el propietario del terreno donde se ubican las ruinas del antiguo delfinario de ses Salines y le ha hecho llegar su voluntad de que «aquello sea limpiado y los escombros, retirados». Josep Marí Ribas afirmó que en los últimos tiempos se ha detectado la presencia de toxicómanos y otros individuos de ambientes marginales en esas ruinas.

El alcalde afirmó: «El Ayuntamiento quiere arreglar aquello, pero eso tiene un propietario. Le podemos instar o pedir que lo arregle, pero es complicado». Al preguntarle si el Consistorio no puede obligarle legalmente a demoler esas estructuras –que, además, entrañan peligro físico para las personas–, contestó: «Se puede instar un proceso de ruina, pero si el propietario no quiere, es difícil; es un lío. Si él no va a sacar dinero con esto, no lo hará sólo para contentar al Ayuntamiento».

Al parecer, este propietario –que, junto con otro socio en esta propiedad, residen en Madrid y obtuvieron en solar a través de una subasta– tiene previsto realizar algún tipo de aprovechamiento en este solar, pero el alcalde le advirtió de las escasas posibilidades que existen al respecto. «Me dijeron que querían hacer algo allí, aunque no sabían muy bien qué, porque dicen que tienen una licencia de actividad. Le aclaré que nunca ha habido licencia de actividad allí», afirmó Marí Ribas.

Piscinas repletas de agua, procedentes de la lluvia, gradas de cemento y otras instalaciones permanecen en pleno Parque Natural de ses Salines.

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