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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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Sant Josep anulará la segregación de Punta Pinet para eludir el derribo

(Diario de Ibiza, 19/12/2009)

El Consistorio cree que la demolición de los cinco apartamentos que incumplen el retranqueo acarrearía indemnizaciones a sus propietarios

IBIZA | ALBERTO FERRER. El Ayuntamiento de Sant Josep ha abierto expediente para revisar la segregación de una franja de terreno en la finca que ocupa el residencial Punta Pinet para venderla al propietario de la finca contigua. Devolviendo los terrenos a la propiedad original, explicó el alcalde Josep Marí Ribas, «se volvería a cumplir el retranqueo entre el residencial y sus vecinos», con lo que la corporación espera no tener que llegar a la demolición de las cinco viviendas que, según sentenció el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) en 2006, incumplen la separación mínima.

La secretaria de la corporación dio lectura ayer en el pleno al auto del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Palma que da un plazo de cuatro meses al Ayuntamiento para restablecer la legalidad en la zona y apercibe al alcalde de una multa de mil euros mensuales durante el primer trimestre en que supere ese plazo y de 600 euros semanales a partir de entonces. Con este trámite, comienza a correr el tiempo para dar cumplimiento a la sentencia.

El alcalde de Sant Josep lamentó la situación a la que se ha llevado a la corporación por unos hechos ocurridos durante la etapa en la que gobernaron «otros» en el municipio. «Esto forma parte de la extrema laxitud urbanística de aquella época», dijo en alusión a los años de gobierno de José Serra Escandell, del PP.

La portavoz de la oposición, Encarna Castro, solicitó intervenir para aclarar que «todas las decisiones que se tomaban entonces estaban avaladas por informes de los técnicos» y tratar de exculpar a la comisión de gobierno que autorizó decisiones como las que condujeron a la sentencia del TSJB en Punta Pinet. A renglón seguido añadió que «ninguno» de los actuales concejales populares «participó» en ella.

El concejal de Urbanismo, Josep Antoni Prats, replicó para criticar la actitud de la portavoz: «Debería pedir perdón por haber hecho estas cosas y mostrarle su apoyo al alcalde».

Marí Ribas explicó la disyuntiva en la que se encuentra el Ayuntamiento: «Deberíamos anular la segregación o, en caso contrario, deberíamos tumbar una hilera de apartamentos [cinco en total] que se hicieron con licencia municipal y seguro que se han de indemnizar». Por ello, se confesó preocupado por lo que definió como «un gran problema» con consecuencias para el Ayuntamiento: «Está en riesgo el patrimonio municipal y también el mío propio», subrayó.

El edil relató que en 2008 se dirigieron al Juzgado de lo contencioso para consultar si «se cumpliría la sentencia» aprobando un estudio de detalle que marcara como calle peatonal el terreno segregado –con lo que se restablecería el retranqueo–, pero no tuvieron respuesta. Desde entonces no se dieron más pasos hasta que llegó al Ayuntamiento el auto judicial en el que se les acusa de «no haber iniciado el diligenciamiento de la sentencia». Marí Ribas dice que, además de iniciar la revisión de la segregación, han recurrido el auto insistiendo en la posibilidad del estudio de detalle.

Los propietarios instan a demoler

En el caso del residencial Punta Pinet son los propietarios de los cinco pisos sentenciados a la demolición los que reclaman la ejecución de la sentencia, lo que les daría opción a reclamar compensaciones al Ayuntamiento, aunque no fueron ellos los que iniciaron el caso. El edificio, construido en los 90, agotó totalmente la edificabilidad de la parcela, pero aún así, el equipo de gobierno municipal del PP autorizó la segregación de una franja de terreno al vecino de enfrente, Benito Vilar Sancho, que quería ampliar su vivienda. A éste se le denegó la licencia de obras y denunció que, sin los terrenos que le habían vendido, ahora el edificio incumplía el retranqueo mínimo respecto de su propiedad. El Tribunal Superior de Justicia de Balears le dio la razón en 2006 y ordenó demoler cinco apartamentos para restablecer la legalidad, aunque entonces el alcalde del PP José Serra Escandell anunció que un acuerdo entre la constructora del residencial y el vecino denunciante permitiría evitar la ejecución de la sentencia. | A. f. f.

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