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Santa Eulària: un empresario denuncia al ayuntamiento por dos casas que levantó sin licencia

(Diario de Ibiza, 7/11/2009)

Las ilegalidades han prescrito ya, según informaron ayer fuentes del Consell y del Ayuntamiento de Santa Eulària, término donde se ubican las viviendas

IBIZA | A. P. El constructor Antonio Castellano denunció al Ayuntamiento de Santa Eulària en el juzgado de Instrucción número dos de Ibiza por no actuar en contra de dos casas construidas por él mismo sin licencia de obras en el Camí de Can Fornet (Jesús).

Se trata de dos viviendas construidas hace más de seis años cuya supuesta ilegalidad habría ya prescrito, según informaron fuentes del Ayuntamiento de Santa Eulària y del Consell Insular.

Castellano asegura en su denuncia que ambas casas son propiedad de su ex pareja, que vive en una de estas viviendas. Añade que a él le obligaron a abandonar la casa por desavenencias con su ex compañera sentimental. Asimismo, hace constar en la denuncia que tiene conocimiento de que el Ayuntamiento no abrió ningún expediente de inspección por «tema de amiguismo». En el mismo sentido afirma que «debido a la ilegalidad de las viviendas éstas no tienen cédula de habitabilidad ni contrato de luz y no pagan impuestos».

El constructor ya denunció ante el Ayuntamiento de Santa Eulària la situación «ilegal» de las casas, una de las cuales dispone de piscina y bodega y que debe tomar la electricidad «de un poste con un cable por medio del bosque». Aseguró, en la instancia presentada al Ayuntamiento, que las obras se pagaron con «dinero negro».

El 7 de julio de este año, el Consell Insular inició unas diligencias previas de Disciplina Urbanística, a las que el Ayuntamiento respondió el 31 de julio de 2009 y confirmó que «la construcción levantada hace años y objeto de denuncia por parte de Antonio Castellano, carece de la preceptiva licencia municipal de obras».

En el mismo escrito, el Ayuntamiento aseguró que «no se ha incoado expediente sancionador por infracción urbanística» y que en fecha de 15 de junio de este año no se llevaban a cabo obras. El 22 de octubre, el Ayuntamiento aseguró que en 1990 ya existía constancia de estas casas. «En este caso, la ilegalidad, de existir, ya ha prescrito, por no ser espacio protegido, según señala el artículo 73 de la Ley de Disciplina Urbanística de Balears», informaron fuentes del Consell.

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