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‘Caso Cretu’: punto y final a un esperpento urbanístico

(El Mundo, 14/06/2009)

Un culebrón se inició hace 12 años con la concesión de la licencia

Israel Rodríguez | Ibiza. El culebrón urbanístico con más repercusión del archipiélago quedó reducido a escombros con el último muro derribado el pasado 2 de junio. La casa del afamado músico y compositor rumano, Michael Cretu, es historia. La demolición de la mansión ilegal deja tras de sí un rastro de diligencias judiciales, recursos, titulares de prensa y declaraciones, esparcidos a lo largo de 12 años de pugnas en los tribunales.

Las máquinas excavadoras que eliminaron cualquier vestigio de construcción en el monte de Santa Inés no borrarán, sin embargo, el esperpento urbanístico de una obra cuya construcción y posterior proceso de demolición quedarán en los anales de la controversia.

El despropósito se remonta a 1996, cuando el productor del grupo Enigma proyectó un coloso inmobiliario de 3.115 metros cuadrados en la cima de Can Guillem, un monte que cuenta con la máxima protección en la ley balear de espacios naturales. Cretu rebajó tres metros la altura de la montaña y alzó una especie de fortaleza de estilo árabe, valorada en 18 millones de euros, con un volumen de 7.000 metros cúbicos, más de cuatro veces de los visados en el proyecto.

El entonces alcalde de San Antonio de Portmany, el popular Antoni Marí Tur, concedió la licencia de obra a la vivienda en 1997. El grupo ecologista Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN) denunció entonces que la construcción vulneraba la ley, al estar edificada en la cima de una montaña. A partir de ahí, tanto Cretu como el propio Consistorio se embarcaron en una carrera por evitar lo que hace sólo doce días puso punto y final al caso.

Pero el GEN no tardó en actuar. En febrero de 2000, el grupo ecologista presentó una denuncia contra la licencia ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Palma. Previamente, la asociación había solicitado al Consistorio de Portmany, en 1999, la revisión del documento, al considerar que, con esta construcción, se perjudicaba notoriamente a una de las áreas con más valor paisajístico y ambiental de la isla de Ibiza.

Los ecologistas argumentaron también en su denuncia el hecho de que la construcción se hubiera ejecutado sobre la cima de una colina y en una zona protegida como área natural de especial interés (ANEI).

En 2001, la Audiencia Provincial dictaminó que la casa, a pesar de tener licencia municipal, era ilegalizable por estar construida en la cima de una montaña. El mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ratificaría esta decisión. La mansión se tenía que demoler.

Cretu, a través de su abogado, Jaume Roig, recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo, que, en 2006, confirmó el derribo. Antes, en 2003, la disposición adicional decimoctava de la Ley de acompañamiento de los presupuestos de 2004, aprobada siendo presidente del Govern el popular Jaume Matas, legalizaba las construcciones levantadas en su día sin permiso de obra por encima de una cota de 200 metros, sin rebasar la de 250, siempre dentro de la franja de los 250 metros siguientes a la ribera del mar y sin estar emplazadas en la zona A señalada en las Normas Subsidiarias dictadas por el Govern el 26 de julio de 1990.

La disposición del PP causó un gran revuelo entre los demás grupos del Parlament. Tanto fue así, que el entonces diputado de Esquerra Unida y actual conseller insular de Urbanismo, Miquel Ramon, irrumpió en la Cámara balear con una pancarta en contra de la legalización de la mansión.

La Amnistía Cretu, derogada en 2007 por el hexapartito progresista presidido por Francesc Antich, no tuvo efectos duraderos. De nada sirvió. La justicia la declaró ilegal y volvió a exigir la demolición de la casa.

El caso tomó un giro hacia la vertiente penal, poco propicia para las aspiraciones del músico y del Ayuntamiento de San Antonio. En 2003, la Fiscalía de Ibiza abrió esta vía contra los responsables de la concesión de la licencia de la mansión. El entonces primer edil de Portmany, Antoni Marí Tur, y Cretu tuvieron que declarar como imputados en un proceso que todavía no se ha cerrado. El Consistorio ibicenco continuó intentando por todas las vías legales que legalizaran la casa. El alcalde actual, José Sala, primer edil del municipio desde 2003, repitió en varias ocasiones su deseo de que el derribo no llegara a hacerse realidad.

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