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Deià: el alcalde abona hoy los primeros 600 euros de multa por no derribar los chalés

(Diario de Mallorca, 24/04/2009)

Crespí pide al juez acceso a las viviendas para poder redactar el proyecto

J. MORA. DEIÀ. El alcalde de Deià, Jaume Crespí, tendrá que resignarse hoy a realizar el primer pago de 600 euros correspondiente a la multa que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) por no haber llevado a cabo aún la demolición de los cuatro chalés ilegales de Llucalcari. Crespí deberá, de esta manera, pagar la sanción de su propio bolsillo.

El mismo alcalde explicó que el pago de la multa se realiza de forma paralela al recurso que la semana pasada interpuso contra la resolución judicial que le obliga a hacer frente a esta sanción. El TSJIB admitió su escrito y el próximo martes está citado ante el magistrado que lleva el caso para tratarlo.

El TSJB emitió un auto por el que ordena la inmediata ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al ayuntamiento de Deià a realizar la demolición de cuatro viviendas levantadas en la zona de Llucalcari que el Alto Tribunal calificó de ilegales después de un largo proceso judicial que promovió el grupo ecologista GOB, que se congratuló por la sanción, al tiempo que acusó al Ayuntamiento de Deià de haber mantenido una "actitud obstruccionista" a lo largo de cuatro años, intentando "paralizar el derribo de los cuatro chalés de Can Simó" e impugnando cualquier sentencia al respecto.

Sanción progresiva

Además de obligar a la demolición el auto judicial establecía una multa de 600 euros contra el alcalde en los primeros dos meses. Transcurrido este plazo sin que se haya ejecutado el derribo, la multa pasará a ser semanal. El dinero, además, deberá salir del patrimonio personal del alcalde.

Por otro lado, Jaume Crespí explicó que el Ayuntamiento y el Consell de Mallorca continúan perfilando el convenio acordado el pasado 8 de abril, por el que la Agencia de Disciplina Urbanística de la institución insular se comprometió a asumir la elaboración del proyecto y proceder a la ejecución de la demolición dictada por el juez.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha solicitado al mismo tribunal que le ha impuesto la multa que le otorgue la autorización necesaria para acceder a las viviendas a fin de que los técnicos realicen el pertinente proyecto de demolición, instancia que según explicara Crespí ha sido uno de los causantes de la demora del derribo de los chalés.

Sin embargo, la orden aún no ha sido cursada, una tesitura por la que el alcalde expresó su malestar, así como por la multa que le ha impuesto el mismo tribunal.

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