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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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Deià: ´¿Quién va a querer ser ahora alcalde?´

(Diario de Mallorca, 9/04/2009)

El fallo del Tribunal Superior, que multa a Crespí por no acatar el derribo, ha generado controversia entre los vecinos

M. CAÑELLAS / J. MORA. SÓLLER. Es el cuento de nunca acabar. En Deià algunos ni se acuerdan cuándo empezó. ¿Han pasado ya tres alcaldes o dos desde que se construyeran los chalés de Llucalcari?, comentan los vecinos. Lo cierto es que siguen creando controversia. El último fallo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha despertado un espinoso asunto en la administración local. En este pequeño pueblo de la Serra de Tramuntana estos días no se habla de otra cosa.

El auto del TSJB establece que el alcalde Jaume Crespí deberá pagar 600 euros mensuales de sanción por no haber dado cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo dictada en 1999 que ordena el derribo de cuatro viviendas en Llucalcari. Y la multa pasará a ser semanal dentro de dos meses.

"Es una barbaridad. Hay muchas otras casas ilegales" asevera Carmen Merino, que regenta el Bar sa Cacera. "Después de tantos años ya no tiene sentido", añade. Ella junto a otros vecinos y trabajadores del municipio defienden la labor y la gestión del alcalde. Para algunos es "injusto" que ahora tenga que "pagar el pato" de lo que hicieron los anteriores. "Si él dimitiera, quién va a querer ser el alcalde", comentan, en alusión a la sanción económica impuesta por los magistrados. Merino apela a la honradez y dedicación de Crespí. Los otros -en alusión a los alcaldes que le precedieron- son los que deberían dar la cara".

Matías, otro residente en el municipio, recuerda la gran polémica que suscitaron los chalés y la feroz campaña del GOB. En su opinión "es mejor que se queden como están. Hay otras cosas que se han construido luego que son peores". Aboga por reutilizarlos como centros sociales. "Tirarlos ya no es ecológico", apostilla.

Pero no todos son partidarios de Crespí ni de mantenerlos en pie. "La sentencia es la que es y se debe cumplir". "El problema es que no hay dinero", añade otro vecino.

Mientras, en Llucalcari reina la más absoluta tranquilidad. Ayer, sólo las obras de rehabilitación en una de las casas irrumpía el silencio que se mantiene en este pequeño núcleo. Sus residentes parecen ser ajenos a los últimos acontecimientos. De hecho, la mayoría de viviendas se halla ahora en manos de extranjeros, quienes utilizan las casas como residencias veraniegas.

Crespí, por su parte, vuelve a tocar a las puertas de las instituciones para dar carpetazo a esta historia. Ayer, alcalde y consellera insular de Territorio, Maria Lluïsa Dubón, acordaron delegar las gestiones relacionadas con los chalés a la Agencia de Disciplina Urbanística que asumirá todas las gestiones relacionadas con el derribo.

A la salida de la reunión que mantuvo en la sede del Consell, Crespí explicó que este organismo autónomo dependiente del Consell se encargará de la elaboración del proyecto de demolición y su posterior ejecución. La concreción de este acuerdo tomará forma definitiva en la próxima reunión de la junta que se celebrará el próximo día 21. Posteriormente ambas partes deberán plasmarlo en un convenio, añadió el alcalde, que matizó, no obstante, que la agencia no podrá empezar sus trabajos hasta que los tribunales emitan la orden por la que se autoriza el acceso de los técnicos a las propiedades afectadas, requisito que se hace indispensable para que los operarios puedan hacer las correspondientes mediciones para determinar cómo se llevarán a cabo estos trabajos. El Ayuntamiento solicitó hace cinco meses esta autorización que todavía no ha sido otorgada por el Tribunal Superior.

Desde el ejecutivo Autonómico también han tendido la mano al alcalde. El president del Govern, Francesc Antich, mostró ayer su sensibilidad con este asunto. Según ha podido saber este periódico, Antich contactó ayer telefónicamente con el alcalde para ofrecerle toda la ayuda necesaria a fin de resolver el conflicto, del que ya se cumplen unos 20 años.

Opinió // Prueba de resistencia

LLORENÇ RIERA La reiterada resolución judicial que obliga a demoler los cuatro chalés ilegales de Llucalcari está provocando una auténtica prueba de resistencia entre la mayoría de partes afectadas. El Tribunal Superior de Justicia sanciona ahora al alcalde de Deià con 600 euros mensuales de multa por hacer caso omiso de las resoluciones judiciales y éste, con abundante comprensión vecinal, ejerce el papel de víctima. A un nivel diferente y con antecedentes mucho más profundos, se repite la escena de Santa Margalida de hace unos meses. A la hora de asumir responsabilidades personales, los alcaldes de última generación no reconocen ni admiten errores. No va con su concepción del cargo, sobre todo si se trata de acatar, más allá de las declaraciones verbales, los imperativos judiciales.

El persistente choque legal de Llucalcari sería imposible si las decisiones y los caprichos políticos afinaran mejor con la legalidad. Jaume Crespí ha heredado en Deià el legado de unos predecesores que siempre han hallado excusas, desde económicas a técnicas, para ignorar el mandato judicial. Es una de las servitudes del cargo y un legado inesquivable que, se supone, sopesó adecuadamente en el momento de aceptarlo.

Todos van de víctimas en Llucalcari. Los propietarios se manifiestan engañados de raíz, pero han preferido la ignorancia a conveniencia, que sin embargo no exime de nada y el alcalde se proclama impotente hasta el peligroso extremo de desviar culpas en dirección al Tribunal Supremo. Es el desespero por aferrarse a una compasión que tampoco resuelve un asunto que ya se ha dilatado en exceso. Por eso la opinión pública entre los vecinos de Deià comienza a estar dividida como acredita el reportaje que hoy mismo publica este periódico. El respetable se debate entre la solidaridad con el alcalde al que le ha caído el marrón y la evidencia de que la ley es la ley y las sentencias están para ejecutarse. Volvemos a lo de tantas veces en materia de urbanismo: estas cosas no pasarían si la administración local fuera más escrupulosa en la concesión y control de licencias de obras, pero mientras exista mayor afición a la vista gorda que a la legalidad nos mantendremos en la inseguridad. Mucho nos tememos que el alcalde de Deià no será el último sancionado por estas causas.

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