(Diario de Ibiza, 1/04/2009)

La segunda jornada del juicio contra el ex alcalde de Santa Eulària y otros cinco acusados se dedicó a escuchar a los cargos políticos que alertaron de la nulidad del PDSU y se opusieron a la recalificación de esta zona de Jesús

EIVISSA | A. F. La segunda jornada del juicio penal contra los responsables de la urbanización ilegal de ses Torres, por cuya aprobación se sientan en el banquillo de los acusados el ex alcalde de Santa Eulària Vicent Guasch, el ex teniente de alcalde Vicent Riera, el promotor Germán Vázquez y tres técnicos de este municipio, se dedicó a escuchar el testimonio de los políticos de la oposición municipal en esos años y de la entonces presidenta del Consell, Pilar Costa, que defendió que había «informes contundentes» de los técnicos de la institución para oponerse a la urbanización. Costa testificó ante la jueza Clara Ramírez que el Consell emitió sucesivos requerimientos entre los años 2000 y 2001 aconsejando a Santa Eulària que dejara de aplicar el PDSU después de la sentencia del TSJB de 1997 que dio la razón a un particular que pleiteaba contra el Ayuntamiento por un edificio que incumplía este ordenamiento.

La ex presidenta dijo que habían tenido noticia de otras denuncias en las que se pedía lo mismo y a las que tampoco se había hecho caso en Santa Eulària, con el peligro de «provocar perjuicios a terceros». El Consell actuó, explicó Costa, «porque los informes eran contundentes» en este sentido, intentando anticiparse a que la aplicación del PDSU ocasionara perjuicios debido a su nulidad. El dictamen de los técnicos era unánime al predecir las consecuencias, por eso se enviaron varios requerimientos y, tras la aprobación de la parcelación de ses Torres, se interpuso un contencioso que provocó su suspensión cautelar.

Costa aseguró que la institución fue muy activa en este asunto. Mantuvo conversaciones con Guasch para que renunciara al PDSU y le ofreció a los técnicos del Consell para revisar el ordenamiento con unas Normas Subsidiarias que se iniciaron entonces: «Se ofreció la máxima colaboración», declaró.

El entonces concejal del PSOE, Emilio Pérez Echagüe, explicó que la no aplicabilidad del PDSU se convirtió en «una cuestión recurrente» en los plenos de Santa Eulària, aunque el PP dejó de responder a la oposición en este asunto. El ex portavoz de la oposición, Carlos Salinas, detalló que en esos años, su grupo sólo votó a favor de las cesiones al Ayuntamiento, entre ellas «la del campo de futbol de Jesús, que llevaba 14 años terminado». El coordinador de EU, Joan Rubio, justificó la denuncia penal después de consultar con juristas. «Entendimos que hacíamos lo correcto», justificó Rubio. Hoy quedará visto para sentencia el caso con la declaración de varios peritos.

 El TSJB tumba el recurso de EU contra las NNSS

EIVISSA | A. F. El ex asesor legal del alcalde de la Villa del Río, José María Roig Vich, aportó ayer como prueba una sentencia que considera que le exime a él y al resto de acusados por un presunto delito contra la ordenación del territorio en la urbanización ilegal de ses Torres. Se trata del fallo del TSJB que desestima el recurso de Esquerra Unida contra las Normas Subsidiarias de Santa Eulària.

Roig Vich considera que se le da la razón en los sucesivos informes que redactó argumentando que el PDSU del municipio no había quedado anulado por una sentencia de 1997 de la misma sala del TSJB. El fallo lo confirma en uno de sus fundamentos de derecho, que dedica por entero al caso ses Torres, pero también reitera que la delimitación del suelo urbano de Santa Eulària era nula y, por ello, no se tuvo en cuenta a la hora de juzgar aquel caso concreto: «En la referida sentencia no se aplicó el PDSU -por considerarlo nulo- a una concreta petición de licencia, pero no tanto porque comprendía terrenos que materialmente no lo eran [urbanos], sino porque contenía normas de ordenación impropias de un PDSU».

La sentencia sostiene que ses Torres «son indiscutiblemente suelo urbano al disponer de todos los servicios» y da por hecho que adquirió esa condición «por consolidación». También considera que «difícilmente puede sostenerse que los terrenos se han urbanizado al margen del planeamiento», cuando se hizo «en aplicación de un estudio de detalle y un proyecto de urbanización aprobados definitivamente y no impugnados», como ya sentenció la sala de lo contencioso número 1 de Palma en 2004.

Aún así, Roig Vich aseguró a la prensa, tras la vista oral de ayer, que el fallo viene a demostrar que «todas las denuncias se debían a un tema estríctamente político».

El asesor llegó a asegurar que el fallo del TSJB «es una copia» de un informe suyo de 1999. El estudio de detalle y la parcelación de ses Torres, por cuya aprobación se les ha llevado a juicio, «serían válidos incluso si se anulara el PDSU», según interpreta Roig. Por ello, el letrado prevé que el juicio acabará con una sentencia favorable a sus intereses.

Muy al contrario, Ignasi Ribas, el abogado de la acusación particular, que ejerce Esquerra Unida, cree que el fallo del TSJ no altera la responsabilidad penal de los acusados en la urbanización ilegal de ses Torres. «Si un fundamento de derecho no les pareció concluyente para dejar de aplicar el PDSU, ahora no deberían darlo por válido», contestó al optimismo de Roig Vich. Ribas matizó que el fallo «dice que ses Torres está consolidado, algo que nadie niega, lo que discutimos es el posible ilícito penal en cómo se urbanizó». Ribas estudiará un posible recurso.

La entonces presidenta del Consell, Pilar Costa, considera que esta sentencia no afecta al contenido de los informes por los que actuó la institución: «Habría sido una imprudencia seguir aplicando el PDSU», porque, sin anularlo, la sentencia de 1997 lo invalidó y el Consell temió un alud de casos particulares en los que no sería de aplicación este ordenamiento.