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Sant Antoni: el TSJ recuerda que hace cuatro años ya dio un plazo de 18 meses para echar abajo la mansión

(Diario de Ibiza, 26/02/2009)

La jueza sostiene que no resolverá la petición de entrada en la vivienda hasta que el Ayuntamiento acredite que la propiedad impide su acceso

EIVISSA | E. R. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJ) recuerda que hace algo más de cuatro años ya dio al Ayuntamiento de Sant Antoni un plazo de 18 meses para el derribo de la mansión de Cretu. El gabinete de comunicación del tribunal recuerda que el 1 de septiembre de 2004 el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Palma dictaba un auto en el que no aceptaba la suspensión de la sentencia de demolición para que la propiedad pudiera acogerse a la ´amnistía´ aprobada por el Govern del PP a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2004 y ya fijaba un plazo de 18 meses para su derribo.

Casi tres años después, en febrero de 2007, el mismo juzgado volvía a requerir al Consistorio para que procediera al derribo del inmueble en un plazo de 18 meses y que, de lo contrario, podrían derivarse responsabilidades pecuniarias sobre el patrimonio particular del alcalde, José Sala. Esta advertencia se hacía realidad el pasado día 18 con otra resolución judicial en la que se imponía una multa de mil euros al mes al primer edil y de 600 semanales a partir de julio.

Actualmente, el Consistorio está a la espera de que el juzgado le autorice la entrada en la casa para iniciar la demolición. Sobre esta cuestión, el TSJ informa de que «la jueza acordará lo que proceda cuando se acredite la negativa de Baloo Music [la propiedad] de permitir el acceso a la vivienda». Paradójicamente, el Consistorio recibió ayer un requerimiento del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Palma, que es otro distinto al que ha dictado todas las resoluciones anteriores, para que informe de la ubicación concreta de la mansión y certifique la documentación aportada para lograr la autorización judicial.

El teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Pantaleoni, insiste en que no se podrá iniciar la demolición de la casa hasta que el juzgado no autorice la entrada en el domicilio. En este sentido, Pantaleoni recuerda que el Consistorio pidió expresamente a Cretu que comunicase si tenía intención de abandonar voluntariamente la casa y que, si no lo hacía, se entendería que no tenía intención de hacerlo.

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