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Sant Antoni: Cretu pide dos meses más de plazo para retirar los muebles de la casa

(Diario de Ibiza, 24/02/2009)

El teniente de alcalde, Joan Pantaleoni, dice que Sala «no incurrirá en desacato» y abonará la multa. Cree que los demás ediles podrían ayudar a pagar por una cuestión «estética», pero matiza que es una opinión personal

La defensa del músico Michel Cretu ha solicitado ahora al Ayuntamiento de Sant Antoni un plazo de al menos dos mes más para retirar los muebles y enseres de la casa de Santa Agnès, sobre la que pesa una orden judicial de demolición. En el escrito remitido por el abogado de Cretu al Consistorio el pasado día 17, la propiedad del inmueble considera que estos dos meses serían un tiempo «prudencial y suficiente» para dejar la casa lista para su derrumbe, a lo que agrega, además, «la imposibilidad de conseguir vivienda hasta primeros de mayo».

Precisamente, Jaume Roig, abogado de Cretu, explicó ayer que su defendido ha hallado otra casa donde vivir, aunque no estará disponible «hasta principios de mayo». De la misma manera, el letrado asegura que Cretu tampoco dispone de un espacio físico donde ubicar ahora los muebles, por lo que se deberán meter dentro de tráilers y enviar seguramente a Alemania.

El teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Pantaleoni, explica que el nuevo escrito de Cretu responde al acuerdo de la Junta de Gobierno en el que se desestimaba el recurso contra la adjudicación de las obras de demolición, notificado el pasado día 9, y en el que se daba a la propiedad «un plazo de 15 días hábiles» para retirar los muebles. Pantaleoni sostiene que hoy, día 24, se agota este periodo, pero recalca que el Consistorio no ocupará la casa ni iniciará las tareas de derrumbe hasta que la jueza conceda permiso, solicitado por parte del Ayuntamiento el día 17, para poder entrar en la vivienda.

Pantaleoni asegura que el equipo de gobierno aún no ha resuelto la nueva prórroga solicitada por Cretu, aunque intuye, según dice, «que será desestimada». El teniente de alcalde apunta que al día siguiente de que la jueza conceda el auxilio judicial para poder entrar en la casa, al menos el aparejador municipal lo hará para comprobar si existen o no elementos susceptibles de ser recuperados. «Si está llena de trastos, habrá que evaluar si se llama a un notario o a un tasador y ver qué se hace. Hasta que no estemos allí no podemos decirlo. Habrá que ir tomando decisiones sobre la marcha», dice.

La propiedad de la casa también alerta al Consistorio de que las obras de demolición no deben afectar al suministro de los servicios de luz y agua de la vivienda situada más abajo. De hecho, Roig insiste en que, a estas alturas, su defendido ya no se opone al derribo de la casa, pero que trata de evitar que se produzca de «forma salvaje» sin tener en cuenta que podría afectar a terceros. «No se trata de llegar allí, poner 40 kilos de dinamita y cargar con una pala los restos para trasladarlos al vertedero», dice el letrado, que también subraya que se debe tener en cuenta la normativa de eliminación de residuos. «No queremos ser responsables subsidiarios de cualquier problema», advierte.

Por su parte, el teniente de alcalde de Sant Antoni señaló que «probablemente» se recurrirá el auto en el que se ordena al alcalde a pagar una multa de 1.000 euros al mes hasta que la casa haya sido derribada, aunque confirma que «se pagará». «El alcalde no irá nunca contra una resolución judicial, ni incurrirá en desacato», agrega, al tiempo que destaca que la multa «no la pagará el Ayuntamiento». Pantaleoni indicó que ahora mismo hay tres posibilidades: que el recurso suspenda el acto y no se pague nada, que en lugar de abonarla se presente un aval hasta que se resuelva la impugnación, o bien que se pague.

El edil abundó en que cabe la posibilidad, aunque se trata de una opinión personal, de que solidariamente otros miembros del equipo de gobierno hagan frente a la multa. «Ya dijimos que también asumimos [el equipo de gobierno] las consecuencias de las actuaciones que se han hecho. No puedo hablar por los demás, pero lo vería lógico», dijo en referencia a la posibilidad de que el resto de ediles también paguen de su bolsillo la multa. «Se trata más de una cuestión estética que de dinero», puntualizó en todo caso.

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