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Sant Antoni: multa a Sala de mil euros mensuales por la demora en el derribo de la mansión de Cretu

(Diario de Ibiza, 21/02/2009)

El alcalde de Sant Antoni, José Sala, tendrá que abonar de su bolsillo en el plazo de 10 días mil euros de multa por el retraso de tres meses que acumula la ejecución de la sentencia de demolición de la mansión de Cretu. Sala deberá pagar mil euros más por cada mes que pase mientras el inmueble sigue en pie, según el último auto judicial. A partir de julio, la sanción aumentará a 600 euros a la semana, aparte de que la jueza advierte a Sala de que podría incurrir en un delito de desobediencia. El mismo juzgado dictó la misma resolución hace unos meses contra el alcalde de Santa Margalida, en Mallorca.

EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ La titular del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Palma, Irene Truyols, ha cumplido su advertencia y, ante el retraso que acumula la ejecución de la sentencia de demolición de la mansión de Michel Cretu en Santa Agnès ha dictado un auto en el que ordena al alcalde de Sant Antoni, José Sala, a pagar de su propio bolsillo una sanción económica de mil euros mensuales entre marzo y julio (cinco meses) y de 600 euros semanales a partir de julio en el caso de que el inmueble aún siga en pie. La magistrada requiere en esta resolución al alcalde para que en el plazo de 10 días a partir de la notificación de la resolución abone los primeros mil euros correspondientes al mes de marzo en una cuenta bancaria del Banco Español de Crédito y le advierte de que de no hacerlo se procederá al embargo en bienes y rentas de su propiedad.

La jueza advierte además de que si el 1 de julio la casa aún no ha sido derribada se podrá «expedir testimonio de particulares contra el alcalde por un presunto delito de desobediencia a la autoridad». La magistrada tiene un lapsus y comete un error en el auto al hacer referencia al alcalde de Santa Margalida en lugar del de Sant Antoni. Precisamente, el mismo juzgado también impuso el pasado mes de agosto un multa mensual de 1.000 euros, y transcurridos unos meses 600 euros semanales, al alcalde de Santa Margalida, Martí Ángel Torres, del PP, por incumplir la orden de demolición de unas obras ilegales (el cerramiento de una serie de terrazas en una calle del municipio). La sanción que se impone en los dos casos son idénticas.

El alcalde de Santa Margalida recurrió la resolución, pero previamente había abonado dos mensualidades, la primera a cargo de las arcas municipales y la segunda con fondos de su patrimonio. Tras el primer pago, la jueza dictó un auto en el que advertía de que podía incurrir en «posibles responsabilidades penales, inclusive por malversación de fondos públicos,», si la multa había sido abonada con fondos públicos. El primer edil dice que realizó el ingreso de mil euros de su propio bolsillo el mismo día que le informaron del citado escrito judicial.

En la resolución judicial, la jueza también ordena al secretario de la Corporación que en el próximo pleno de la institución dé cuenta del contenido de este auto y requiera al primer edil para que haga efectivo el pago de la multa acordada. Contra este auto cabe interponer recurso de apelación. La magistrada justifica que «ha transcurrido con creces» el plazo para que «la sentencia haya sido enteramente ejecutada». Abunda en que en febrero de 2007 dictó un auto en el que daba un plazo de 18 meses para que se ejecutase el derribo, fijando el 1 de noviembre de 2008 como día final del cómputo, y que ya advertía de que si no se cumplía podían imponerse al alcalde multas pecuniarias coercitivas sobre su patrimonio particular.

´Agradecimiento´ al GEN

El Ayuntamiento de Sant Antoni envió ayer mismo un comunicado (el alcalde no respondió la llamada de este periódico) en el que agradecía, con ironía, «el ensañamiento y sectarios esfuerzos» del grupo ecologista GEN «encaminados a perjudicar personalmente y también políticamente a José Sala». De hecho, el pasado 3 de febrero el GEN remitía al juzgado un escrito en el que pedía que se dictase una orden para la inmediata demolición de la casa y que, ante el retraso, impusiera las sanciones coercitivas que procedieran. Decía incluso a la magistrada que el Ayuntamiento seguía «el juego» de Cretu al concederle un plazo para que sacara los muebles antes de echar abajo la vivienda, lo cual, dice el Consistorio en su nota, es «mentira». «Suponemos que ellos arrasarían con todo sin importarles las consecuencias, como paga el pueblo de Sant Antoni». «Pero además suplican al juzgado la imposición de multas con cargo al patrimonio personal del alcalde, cuando bien saben que el proceso encaminado a la demolición está en marcha y si se ha producido algún retraso no se puede imputar a él».

Sant Antoni recurrirá porque «no tiene sentido»

EIVISSA | E. R. El teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Pantaleoni, destaca que hace tres días el Consistorio solicitó al mismo juzgado la correspondiente autorización judicial de entrada en domicilio para que la empresa adjudicataria de la demolición pueda iniciar las obras. Por ello, Pantaleoni dice estar «sorprendido» por el último auto judicial, que será recurrido, y que quiere atribuir a alguna «disfunción del juzgado» que ha impedido que la jueza viera antes la petición de entrada a domicilio. «De lo contrario, no tiene ningún sentido», recalca. En su comunicado, el Ayuntamiento subraya que si el juez no ordena la entrada podrían incurir «en un delito de allanamiento de morada».

El equipo de gobierno muestra su apoyo «absoluto» hacia Sala, haciendo «suyas todas las actuaciones que ha impulsado en el ejercicio de su cargo en orden a hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia de demolición». Insiste en que si todavía no se ha ejecutado el derribo de la vivienda «ha sido única y exclusivamente por la actitud obstructiva y renuente de la propiedad y las múltiples incidencias técnicas y jurídicas que han tenido lugar a lo largo de todo el proceso». Pone como prueba todos los recursos que ha interpuesto la propiedad de la casa, que, destaca, «han sido resueltos con celeridad».

Recuerda además que las obras de demolición fueron adjudicadas el pasado 29 de diciembre a la empresa Construcciones y Excavaciones Erri Berri S.L. y que «todas las cuestiones que han ido surgiendo han sido atendidas con especial diligencia, aún a pesar de los escasos medios humanos y materiales de los que dispone el Ayuntamiento». También recalca que se trata de «un caso pionero en nuestro Derecho, no habiéndose encontrado antecedentes que contribuyan a resolver los continuos y sucesivos problemas y cuestiones que se plantean». «A día de hoy aún no sabemos cómo actuar respecto al mobiliario y enseres que según el propietario están en la casa y de los que responsabiliza al Ayuntamiento».

La recta final

23 de octubre de 2008
Advertencia de la jueza
La jueza dicta un auto en el que recuerda al Ayuntamiento que el próximo 1 de noviembre «debe haberse concluido la demolición».

30 de octubre de 2008
Concurso del derribo
A dos días de que acabe la cuenta atrás marcada por el jueza, salen a concurso las obras de demolición de la casa de Santa Agnès. Se da un plazo de 13 días para la presentación de ofertas.

1 de noviembre de 2008
Final de la cuenta atrás
Se cumple el plazo de 18 meses dado en febrero de 2007 por la jueza para que se hubiera ejecutado la sentencia. En este momento, se acaba de abrir el periodo de recogida de ofertas para ejecutar el derribo.

15 de diciembre de 2008
Adjudicación provisional
La Junta de Gobierno adjudica provisionalmente a una empresa navarra la demolición por un presupuesto de 346.653 euros. El 29 de diciembre la adjudicación pasa a ser definitiva tras comprobarse que no se trata de una oferta temeraria.

8 de enero de 2009
Cretu recurre la adjudicación
Cretu recurre la adjudicación y aporta una relación de todos los muebles y enseres que deben retirarse antes de la demolición. El 27 de enero el Ayuntamiento rechaza el recurso y da un plazo de entre 15 y 30 días a Cretu para que retire los muebles.

17 de febrero de 2009
Petición para entrar en la casa
El Ayuntamiento pide a la juez autorización para entrar en la vivienda. Dos semanas antes, el GEN envía otro escrito en el que solicita que se imponga una multa al alcalde por el retraso, entre otras cosas.

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